Imputado el alcalde de Boadilla, acusado de nombrar a dedo a un conserje afín al PP

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Móstoles sostiene en un auto que existen indicios de que el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González, del PP, y el ex gerente del Patronato de Cultura (hoy edil) José Francisco Pastor de Luz, pueden haber incurrido en un delito de prevaricación (dictar una decisión injusta a sabiendas) al contratar en 2001 a un conserje sin convocar concurso ni oposición. El trabajador, Raúl de Diego Nicolás, fue reclamado directamente del Instituto Nacional de Empleo (Inem), y su hermana formó parte de la lista electoral del PP.

El PSOE destaca el hecho de que la hermana del conserje, Margarita de Diego Nicolás, ocupara el puesto número 20 de la lista que presentó el PP en las últimas elecciones municipales de 2003.

Con este auto, el juzgado da por finalizadas las diligencias previas que se iniciaron tras una denuncia presentada por los grupos de la oposición (PSOE y Alternativa por Boadilla) en 2002. El juez acuerda proseguir las actuaciones respecto de los imputados Arturo González y José Francisco Pastor de Luz por un posible delito de "prevaricación/nombramientos ilegales". Las actuaciones se pasarán al ministerio fiscal y a las acusaciones particulares para que, en un plazo de 10 días, puedan solicitar la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa.

Al mismo tiempo, el juez archiva las actuaciones con respecto a otros dos imputados: Ramón González Bosch, ex concejal de Personal y actual edil de Seguridad, del PP, y José Francisco Gorrón, presidente del Patronato y concejal de Cultura cuando se llevó a cabo la contratación.

El alcalde manifestó: "Estamos ante un mero trámite procesal". También reprocha a sus opositores municipales que "recurran a los tribunales para lograr lo que políticamente no consiguen. La judicialización de la vida política es una estrategia que no ha dudado nunca en utilizar la oposición de Boadilla, aunque siempre con nulos resultados".

El auto explica cómo el Ayuntamiento contrató a De Diego por tiempo indefinido el 17 de octubre de 2001, fecha en la que empezó a ejercer de conserje. Asimismo, subraya que "dicho trabajador fue reclamado personalmente, es decir, con nombre y apellidos, de la oficina del Inem directamente por Francisco Pastor de Luz".

El 2 de noviembre de 2001, el alcalde suscribió un decreto de nombramiento de De Diego como conserje interino del Patronato. El secretario de la Corporación se negó a firmar dicho decreto y advirtió en el Consejo de Administración del Patronato de Cultura en enero de 2002 que se estaba cometiendo una ilegalidad y que el nombramiento era nulo de pleno derecho. El auto afirma que, a pesar de todas estas advertencias, la persona contratada "continúa a esta fecha desempeñando sus funciones como conserje en el citado Patronato".

Tras el examen de las actuaciones, el juez llega a la conclusión de que existen indicios suficientes para apreciar una actuación concertada entre el alcalde y el ex gerente del Patronato para contratar a Raúl de Diego en un puesto laboral dependiente de la Corporación, "a sabiendas de su ilegalidad".

La secretaria de relaciones institucionales del PSM-PSOE, Ruth Porta, ha pedido a los dos imputados en el caso que dimitan, tras ser acusados de prevaricación por el juez de Móstoles. Porta afirma que "más allá de lo que resuelva la sentencia judicial, ha quedado patente que es un caso de despotismo, y no precisamente ilustrado".