El Tribunal de Cuentas cuestiona la reorganización que hizo Alonso de las guarderías

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha reprobado en su último informe, difundido ayer, la reorganización de la plantilla de las escuelas infantiles de Vitoria realizada por el alcalde, Alfonso Alonso, en julio de 2004. Aquella modificación, que creó nuevas categorías laborales rebajando las de las trabajadoras que en ese momento se ocupaban del servicio, motivó una huelga en las 17 guarderías municipales que dejó sin clase a más de 1.500 niños menores de tres años durante el mes de septiembre de ese año.

El informe elaborado por el máximo órgano auditor de la comunidad autónoma a petición del Parlamento vasco concluye que la modificación de la plantilla tenía que haber sido aprobada por el pleno municipal y no por la Junta Local de Gobierno, en la que sólo está presente el PP, que gobierna en minoría el consistorio. De haber llevado el asunto al pleno, el primer edil no hubiese conseguido aprobarlo, ya que toda la oposición había mostrado su rechazo al proyecto.

La cuestión también se encuentra pendiente de sentencia judicial, ya que la decisión de Alonso fue recurrida por los sindicatos por no negociarla con los representantes del personal.

El Tribunal de Cuentas insiste en la misma línea que el informe que en su momento emitió la letrada municipal encargada de dirimir los conflictos de competencias entre los órganos municipales. En septiembre de 2004 y a petición de los socialistas, la secretaria general del pleno analizó la reorganización del servicio de guarderías y su plantilla. Entonces estimó que el alcalde abordó competencias propias del pleno municipal al modificar la plantilla y crear nuevas categorías laborales para atender las escuelas.

Vuelco en la red infantil

El decreto aprobado por Alonso supuso un revolcón en el modelo de guarderías municipales, novedoso en España y puesto como ejemplo de vanguardia de los servicios sociales en numerosos congresos. El objetivo del alcalde era reforzar el carácter asistencial por encima del educativo, para lo que recurrió a un cambio en la titulación de la plantilla.

Su decisión iba en línea con los decretos aprobados por el Departamento de Educación para la atención a los niños de entre 0 y 3 años. Sin embargo, el servicio que se estaba ofreciendo en Vitoria desde los primeros años del mandato del anterior alcalde, José Ángel Cuerda, era más innovador y profundizaba en el carácter educativo de esta etapa, sin dejar de lado el aspecto asistencial.

El cambio en la titulación de la plantilla implicaba la desaparición de los puestos interinos, que pasaban a una bolsa de empleo con una categoría inferior a la que tenían: técnicos de jardín de infancia en lugar de maestros. Esa reducción en la categoría permitiría ampliar los horarios y el calendario de los centros, pero soliviantó al personal y desencadenó la huelga.