Archivado el expediente al magistrado que pidió firmas contra el Estatuto catalán
El voto de dos vocales conservadores y uno independiente (propuesto por PP y PSOE) en la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial bastó ayer para archivar la investigación abierta al presidente de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Bermúdez de la Fuente. El magistrado recabó firmas entre los funcionarios del tribunal para la campaña del PP contra el Estatuto de Cataluña, el pasado 3 de febrero. La inspección considera que esa petición no constituye falta disciplinaria. Los dos vocales progresistas (propuestos por el PSOE) votaron en contra del archivo al considerar que el episodio podía suponer abuso de autoridad.
El magistrado, según su propio testimonio, bajó a la planta sexta del edificio de la Audiencia (donde se encuentran los funcionarios de la sección que preside) para pedir firmas. "En la confianza que siempre ha existido con los mismos, ingenuamente, les indiqué que llevaba la hoja con las firmas de mis tres familiares que iba a entregar cuando hiciera el descanso para el café de la mañana a fin de que, si alguno quería hacerlo voluntariamente, pudiera firmar", dijo Bermúdez al inspector. Sólo una de las trabajadoras aceptó la invitación del juez y estampó su firma. "Me indicó que pensaba salir para firmar y que si yo lo llevaba, se evitaba el viaje", declaró el presidente de la Sala Penal.
"Las cosas de don Fernando"
El presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, también envió informe tras hablar reservadamente con los funcionarios. En él asegura que ninguno de los que presenciaron el episodio se sintió coaccionado o intimidado. "Todos ellos, sin exclusión, lo tomaron con naturalidad y lo atribuyen a 'las cosas de don Fernando', por el que todos sin excepción mostraron un gran cariño y respeto". Ante la negativa de casi todos a firmar, el magistrado, según el informe, les respondió: "Me parece muy bien, está en su derecho". El informe basa en esta respuesta la ausencia de abuso de autoridad. El magistrado "se mostró educado al preguntarles si querían firmar", dice el documento. El episodio tampoco encuentra encaje en ninguna de las faltas disciplinarias previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sí considera sancionable como falta muy grave "la afiliación a partidos políticos o sindicatos, o el desempeño de empleos o cargos a su servicio".
Los vocales progresistas Monserrat Comas y Luis Aguiar formularon voto particular por entender que la comisión debía abrir diligencias informativas para tomar declaración a los funcionarios a los que Bermúdez de la Fuente pidió la firma para comprobar si el episodio constituía realmente abuso de autoridad. Ambos consejeros consideran que la conversación de Gómez Bermúdez con ellos no es una declaración válida y que debería ser un inspector quien la tomara.
