Un ex alto cargo admite que Fabra medió a favor de una empresa privada

El ex director general de Agricultura Rafael Milán admitió ayer la autoría del escrito con el que se informó al ministro de su departamento, Miguel Arias Cañete (PP), de "las presiones políticas de los parlamentarios y del presidente de la Diputación de Castellón (Carlos Fabra) por los asuntos de Naranjax". Milán también reconoció que en la reunión que Fabra mantuvo, meses antes, con el anterior ministro de Agricultura, Jesús Posada (PP), se habló de uno de los productos para los que el grupo Naranjax había solicitado una autorización que todavía no estaba concedida.

En cualquier caso, trató de justificar el interés mostrado por Fabra y el resto de cargos públicos por el "escándalo", según dijo, que protagonizaba Vilar con sus continuas denuncias públicas sobre el retraso en la concesión de autorizaciones.

El ex director general de Agricultura admitió también la anormalidad del interés exhibido por los políticos de Castellón respecto al único fabricante de fitosanitarios de la provincia. Sin embargo, trató de argumentar las continuas peticiones, e incluso exigencias, de información sobre el estado de las autorizaciones solicitadas por Vilar con el modo de ser y actuar de éste. "Vilar estaba todos los días diciendo que había cientos de pruebas y que nos tenían comprados a todos y las autoridades provinciales estaban preocupadas", dijo, con lo que, a su entender, era "inevitable", "no tenían otro remedio" que interesarse por el grupo Naranjax.

Milán acudió ayer al juzgado número 1 de Nules (Castellón), en calidad de imputado, por la investigación abierta contra Carlos Fabra ante la posible comisión de uno o varios delitos contra la administración pública, entre los que se encuentra el tráfico de influencias y el cohecho. Las diligencias se abrieron tras la denuncia del empresario Vicente Vilar, quien acusó al también presidente del PP provincial de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.

Favores políticos

Antes de la denuncia, Fabra y Vilar era amigos y sus mujeres, María Amparo Fernández y Monserrat Vives, llegaron a formalizar una empresa, Artemis 2000, a través de la que se obtenían los registros para que, posteriormente, Vilar fabricara los fitosanitarios. Su relación también era laboral ya que el presidente del PP cobraba, según las facturas presentadas, como asesor del empresario. Carlos Fabra, además, está acusado de un presunto delito fiscal y de posible falsedad en documento.

La titular del juzgado número 1 también había citado para ayer, en calidad de imputado, al ex diputado y ex senador del PP, Miguel Prim, que, tal como certifican los documentos que constan en las diligencias, preguntó en reiteradas ocasiones tanto por el grupo Naranjax como por los productos que fabricaba éste, así como por el estado de la tramitación de las autorizaciones que solicitó la empresa de las mujeres de Fabra y Vilar. Prim no pudo negar la autoría de los escritos firmados por él mismo, pero sostuvo, en todo momento, que las gestiones no obedecieron a órdenes de Fabra sino del propio Vicente Vilar y que éstas respondían, únicamente, a su labor como representante de los ciudadanos y defensor de los intereses de los empresarios de su provincia, según dijo. De esta manera, avalaba la afirmación de Rafael Milán sobre que "en ningún momento" hubo trato de favor hacia los productos fitosanitarios de la empresa Naranjax.