La Junta abre una nueva ronda de consultas para desarrollar la ley de vivienda protegida

Los propietarios de viviendas protegidas están causando un inesperado dolor de cabeza al Gobierno andaluz. Los requisitos que establece una ley aprobada en diciembre de 2005 para la venta de las viviendas de protección oficial (VPO) han puesto en pie de guerra a un grupo de propietarios. Tras una primera suavización de la ley, la Junta va a abrir un nuevo periodo de consultas con los agentes sociales (sindicatos, empresarios o consumidores) para acordar el desarrollo reglamentario de la norma y "aclararla" aún más. Esta decisión es un "guiño" a los dueños de viviendas protegidas, toda vez que es "inusual" convocar a los agentes sociales para negociar el desarrollo reglamentario de una ley, afirman fuentes de la Junta.

El origen de la polémica está en la aprobación de la Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo, que entró en vigor el pasado 12 diciembre. Esta ley tuvo una gran repercusión porque es la que permite a la Junta retirar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos cuando éstos tomen decisiones que afecten de forma negativa y grave a la ordenación del territorio. El Gobierno andaluz ya ha iniciado los trámites para aplicar este punto de la ley al Ayuntamiento de Marbella.

Poco a poco, sin embargo, otro aspecto de la ley, las condiciones exigidas para la venta de viviendas protegidas, ha ganado protagonismo. En estos tres meses se ha fraguado un movimiento de propietarios de VPO en contra de la ley. De hecho, este grupo ha constituido la denominada la Asociación para la defensa de los propietarios de VPO, que cuestiona, sobre todo, los requisitos que se exigen al titular de una vivienda de protección oficial para venderla.

Esta venta tiene unos límites -principalmente el precio- por la naturaleza de las viviendas protegidas, cuyo valor es muy inferior a las del mercado libre. Además, la ley refuerza los mecanismos de control para evitar los fraudes al obligar a los notarios a comunicar a la Administración las condiciones de cualquier compraventa de una VPO.

Las primeras protestas hicieron que la Junta dictase una orden el pasado 25 de enero en la que se suavizaban algunos de los términos de la norma. Pese a esta orden, las protestas de los afectados han continuado, de tal manera que el pasado 28 de febrero se concentraron a las puertas del Teatro de La Maestranza, donde se celebraban los actos oficiales del Día de Andalucía.

Nuevo gesto

La asociación espera ahora un nuevo gesto de la Administración autonómica, que tiene un estrecho margen de maniobra. Unas palabras del consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, en el sentido de que la Junta va a "buscar una fórmula" para que la ley tenga un "impacto mínimo" sobre los propietarios de VPO ha alentado las expectativas de la asociación.

En la actualidad, la legislación autonómica establece que una vivienda protegida de antes de 1978 se puede vender en el mercado libre. En el caso de las construidas entre 1978 y 1992, la ley fija que la compraventa simplemente debe ser comunicada a la administración.

La polémica se suscita, sobre todo, en la regulación que se hace de la venta de viviendas protegidas que fueron construidas a partir de 1992. En el caso de las viviendas protegidas construidas entre 1992 a 1999, la Junta se reserva el derecho de retracto. Este derecho permite a la Administración intervenir cuando detecta un fraude en la compraventa de una vivienda protegida, sobre cuando la casa es vendida a un precio superior al estipulado. En este caso, según fuentes de la Junta, la Administración acude a la notaría, abona el precio real de la vivienda y se la queda para sacarla de nuevo a concurso.

Con este derecho, la Junta pretende evitar que las VPO sean vendidas como si fueran viviendas del mercado libre. Y el hecho de que los notarios tengan que comunicar a la Administración el precio de la compraventa refuerza ese mecanismo de control. El titular de una vivienda protegida puede vender la casa, pasados un mínimo de diez años, al precio inicial de adquisición más el IPC acumulado desde su compra. A modo de ejemplo, fuentes de la Junta señalan que una vivienda adquirida en 1993 a 601,66 euros el metro cuadrado se podía vender en 2005 a 908,93 euros el metro cuadrado, pero no a uno superior. Este incremento se produce tras aplicar el IPC acumulado en esos años (el 51,1%).

En el caso de las viviendas protegidas construidas a partir de 1999, la ley prevé que la Administración se reserva el derecho de retracto y también el de tanteo. El tanteo da un derecho preferente a la Administración en la compraventa de una vivienda protegida. Es decir, tras serle comunicada la compraventa, la Junta se queda con la vivienda si iguala la oferta. En este caso, el derecho de tanteo no se aplicaría, al menos, hasta el año 2010 ya que para poder vender una vivienda protegida tienen que transcurrir al menos 10 años.

Ante la polémica causada, el Gobierno andaluz ha decidido abrir una nueva ronda de consultas con los agentes sociales para culminar el desarrollo de la ley (el reglamento y, posiblemente, alguna nueva orden) para analizar si es posible acoger alguna de las propuestas de la asociación. De hecho, mañana habrá una primera reunión con los sindicatos. Desde la Junta se reconoce lo "inusual" de abrir un periodo de consultas para el desarrollo de una ley, pero que esta decisión es "un guiño" a la asociación para demostrar que la Administración es sensible a sus demandas. Una fuente señala que el objetivo es "aclarar" aun más la ley para "causar el menor perjuicio posible" a los afectados.