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El tripartito investigará la destrucción de contratos por el Gobierno de CiU

Los documentos afectan a una empresa vinculada a un hijo de Pujol

Los diputados catalanes quieren conocer por qué el Departamento de Salud, en la anterior Administración de Convergència i Unió (CiU), destruyó 12 contratos con la empresa Europraxis, vinculada a un hijo del anterior presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. La Comisión de la Sindicatura de Cuentas del Parlament aprobó ayer por unanimidad una resolución que insta al tripartito a emprender una investigación a fondo sobre este espinoso asunto. Iniciativa ve una "relación directa" entre los negocios de la familia Pujol y el anterior Gobierno.

Según la resolución, la comisión parlamentaria insta al Gobierno catalán a aclarar las causas y a buscar a los responsables que han "propiciado" la desaparición de los expedientes de contratación, del Instituto Catalán de la Salud (ICS), para "reclamar" las responsabilidades que se deriven de la investigación. La propuesta de resolución de ICV-EUiA, que no reunió apoyos suficientes, exhortaba a la Sindicatura de Cuentas a llevar el caso al Tribunal Superior de Justicia directamente.

También por unanimidad, los diputados de la comisión aprobaron una propuesta del tripartito para ampliar el informe de fiscalización sobre los contratos de la Administración autonómica y local con Europraxis e Indra a los consorcios y fundaciones públicas. Asimismo, la investigación se extenderá a los ayuntamientos con más de 10.000 habitantes que no presentaron la información requerida por la Sindicatura y omitieron concretar si firmaron algún contrato con Europraxis.

El informe de fiscalización -presentado el pasado martes con casi un año de retraso- fue un encargo del Parlament después de que se desvelara que Europraxis, en cuyo accionariado figuraba Josep Pujol Ferrusola, asesoró a la firma Lear en el cierre de su planta de Cervera. Otro hermano, Oriol Pujol Ferrusola, ocupaba la secretaría genreal del Departamento de Industria.

Los socialistas, ERC e ICV, entonces en la oposición, exigieron clarificar si las administraciones beneficiaron de alguna manera con contratos a las empresas relacionadas con Europraxis, adquirida posteriormente por Indra, una multinacional especializada en tecnologías de la información.

Propuesta desestimada

No se aprobó, en cambio, una propuesta de resolución de Convergència i Unió -apoyada por el PP y desestimada por las formaciones del tripartito- que instaba a la Sindicatura a emitir un informe similar sobre los contratos de las mismas empresas con el Gobierno tripartito, entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005.

En este sentido, el diputado de CiU en la Comisión, Josep Turull, afirmó que el Gobierno catalán se niega a ampliar el informe "porque sabe que el grado de contrataciones es mucho mayor ahora que con CiU" y, a continuación, criticó la "supuesta transparencia" del tripartito.

En nombre de Iniciativa, el diputado Joan Boada, al justificar el rechazo, sostuvo que "la alarma social" por los vínculos de un hijo de Jordi Pujol con estas empresas y por sus contratos con el Ejecutivo "ahora no existe", porque CiU ya no ocupa el Gobierno y porque "Indra tiene un accionariado diferente".

En cuanto a los expedientes desaparecidos, la dirección del ICS manifestó por escrito que no disponía de 12 de los 23 contratos, aduciendo que "los archivos que los contenían fueron destruidos por su antigüedad".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de febrero de 2006