Un litigio de 16 años
El privilegio fiscal de la Iglesia católica tiene su origen en el acuerdo sobre Asuntos Económicos firmado por el Estado español con la Santa Sede en 1979, ratificado posteriormente en una orden de 29 de febrero de 1988. La Comisión Europea dirigió en 1989 un escrito de queja, y el Gobierno se defendió argumentando que el acuerdo era anterior al ingreso de España en la Comunidad Económica Europea. La queja se archivó aunque fue resucitada por la iniciativa del eurodiputado radical Mauricio Turco.
En diciembre de 2004, el Gobierno español, ya en manos del PSOE, negó que hubiera vulneración de las directivas comunitarias en la exención del pago de los impuestos a la institución religiosa en España. En marzo de 2005, la Comisión insistió con un requerimiento en el que recordaba que España estaba incumpliendo las obligaciones que le incumbían legalmente. El Gobierno socialista insistió, sin éxito, en pedir el archivo de la queja.
