La Policía desmantela una red china que legalizaba inmigrantes con documentos falsos

La Brigada de Extranjería de la Jefatura de Policía de Valencia, en colaboración con la de Palma de Mallorca, está investigando la presunta implicación de una funcionaria de la oficina de Extranjería de Valencia en una red de falsificación de documentos dedicada a la introducción de inmigrantes ilegales chinos. En la operación policial han sido detenidas una docena de personas, cuatro de ellas en Valencia: la citada funcionaria, una mujer china y dos españoles. Los agentes intentan determinar la participación de la empleada pública en la regularización de inmigrantes.

Según fuentes cercanas al caso, la policía ha interrogado, además, a otras dos funcionarias de la comisaría de Valencia y ambas han quedado en libertad sin cargos. Su declaración, tal como indicaron las mismas fuentes, se solicitó por la coincidencia en el tipo de expedientes que tramitan ambas.

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Antoni Bernabé, no quiso ayer ni confirmar ni desmentir la detención de esta funcionaria y únicamente señaló que "no se descarta" la implicación en la red de algún funcionario de la oficina de extranjería.

La investigación se inició hace alrededor de dos meses en Valencia con el apoyo de la Dirección General de Policía de Madrid. El lunes, el juzgado de instrucción número 5 de Valencia envió un exhorto al juzgado de guardia de Palma, el número 10, con el fin de que autorizase el registro en tres domicilios de la ciudad de Palma. Además de los registros, todos ellos realizados en domicilios particulares, los agentes de Baleares llevaron a cabo la detención de ocho personas. Al parecer, tres de ellos forman parte de la trama organizada y son los titulares de los domicilios registrados, mientras que los otros cinco son trabajadores que se encuentran en situación ilegal y a los que, al parecer, se les había facilitado documentación falsa. Según las fuentes consultadas todos ellos portaban documentos falsificados de gran calidad.

La operación en Valencia también ha tenido como consecuencia la realización de registros domiciliarios y no se descarta el acceso a los negocios de los que son titulares los detenidos con el fin de buscar otra documentación ante la sospecha de que la red esté inmersa en otras supuestas actividades ilegales.

Bernabé, que ayer participó en la Junta de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento de Castellón, señaló que la operación continúa abierta y manifestó su confianza en "cerrarla cuanto antes". El delegado del Gobierno subrayó además que la prioridad del Ejecutivo central es combatir las redes de inmigración ilegal, "por lo que estamos trabajando para poder detectarlas y desarticularlas".

De los doce detenidos en Valencia y Palma de Mallorca, un total de ocho son acusados también de atentar contra los derechos de los trabajadores, además de falsedad documental.

El principal problema radica en el hermetismo de los trabajadores ilegales chinos a la hora de ofrecer información sobre las redes que los trasladan, incluso en el caso de que se realice bajo amenaza. Habitualmente, son núcleos muy cerrados y los ciudadanos sometidos a alguna red casi nunca recobran la libertad ya que, una vez han saldado su deuda por el viaje continúan trabajando en los negocios de los cabecillas de las bandas que facilitan los traslados. Este hecho dificulta que los trabajadores chinos faciliten algún tipo de información sobre las redes.