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Reportaje:

El presupuesto que España negocia

El crecimiento económico dispar y la entrada de países más pobres alteran el papel de cada país en las cuentas de la UE

Andreu Missé

España registrará un importante recorte de los recursos que recibe de la UE durante el próximo septenio 2007-2013, al tiempo que deberá incrementar sus aportaciones, según el proyecto de Perspectivas Financieras (el marco presupuestario de la UE para este periodo) que intentará aprobar el próximo Consejo Europeo de los días 15 y 16 de diciembre. Debido a su crecimiento mayor a la media europea, España perderá una parte de los fondos estructurales y de cohesión y deberá aportar cada vez más recursos a las arcas comunitarias.

La posición relativa de España se agrava además por efecto de la entrada de 12 Estados más pobres (los 10 en 2004 y Bulgaria y Rumania a partir de 2007), que se convertirán en los principales perceptores de los fondos. El Gobierno español intenta que la entrada en el nuevo escenario "se produzca de manera gradual".

Frente a los 106.000 millones de euros recibidos en el periodo anterior (2000-2006), según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, las previsiones para el próximo septenio se rebajarían a unos 85.000 millones, según fuentes diplomáticas. En el próximo período (2007-2013), España mantendría prácticamente igual sus ayudas agrícolas (algo más de 40.000 millones de euros), pero registraría un fuerte recorte de unos 25.000 millones en fondos estructurales que se situarían entorno a los 29.000 millones, según fuentes de la Comisión. En el periodo anterior, España fue el mayor receptor de fondos estructurales (54.000 millones de euros), el 26% del total. Ahora el primer lugar lo encabeza Polonia. Sin embargo, hasta 2010, la Administración española recibirá otros 10.000 millones de euros, procedentes de aplazamientos correspondientes a fondos del periodo anterior al haberse ampliado el plazo de ejecución de dos a tres años.

En la otra cara del balance hay que registrar el aumento de las aportaciones españolas a las arcas comunitarias, que pasarán de los 58.000 millones en el periodo anterior (2000-2006), según los datos de Economía, a más de 80.000 millones en 2007 -2013, según distintas estimaciones. El resultado es la casi eliminación del saldo con Europa, que pasará de unos 48.000 millones de euros del periodo 2000-2006 a sólo unos 5.000 millones en 2007-2013, según la última propuesta de la presidencia de Luxemburgo del pasado mes de junio, que España rechazó.

La evolución del saldo financiero refleja también la notable evolución que ha significado la ampliación de 2004 y la entrada de dos nuevos socios en 2007. Por otra parte, la reducción e incluso el cambio de sentido del saldo de las relaciones financieras entre España y la UE, con independencia de la necesidad de su aplicación gradual para no dañar ciertos proyectos, es un claro reflejo del éxito de las políticas comunitarias. En este sentido, cabe recordar las manifestaciones realizadas a finales de 2000 por el entonces ministro de Exteriores del PP, Josep Piqué, cuando señalaba: "Nuestra vocación es dejar de ser perceptores de fondos de la UE y pasar a ser aportadores netos". Y añadía: "Queremos dejar de tener derecho a estos fondos porque hemos superado las diferencias que los hacían necesarios".

Los principales puntos de discusión que afronta el Gobierno español para hacer más digerible el impacto que supone una pérdida tan elevada de recursos son los siguientes:

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- Cheque británico. España es el tercer contribuyente al cheque británico, la compensación que Reino Unido recibe desde 1984 por no obtener ayudas agrícolas y que en 2004 se situó en 5.200 millones de euros. El mecanismo del cheque perjudica especialmente a Francia, Italia y España, que han acabado por pagar el grueso de esta factura.

En 2004, España pagó 716 millones de euros. Si el mecanismo no se modifica, la aportación española llegaría a los 950 millones de euros anuales. Con la propuesta de la presidencia británica, que ofrece reducir 8.000 millones del total, España pasaría a pagar unos 850 millones. Se trata de una cifra que el Gobierno español considera todavía muy elevada y que constituye uno de los puntos de fricción más agudos de la negociación.

- Fondo de cohesión. En el periodo 2000-2006, España recibió 11.600 millones de euros de este fondo, que ayuda a los países con una renta per cápita inferior al 90% de la media comunitaria. A raíz de la ampliación con países más pobres, la renta media española subió por puro efecto estadístico hasta el 98% y perdió este fondo que en un principio recibían también Irlanda, Grecia y Portugal.

La propuesta de la Comisión lo eliminó. España ha logrado que la presidencia británica (igual como ya lo hizo la de Luxemburgo) admita un periodo transitorio de cuatro año más durante los cuales España recibirá 2.800 millones de euros. España exige ampliar el periodo y aumentar el volumen total de recursos. En algún momento se barajó la cifra de 4.000 millones.

- Regiones que pierden parte de fondos. Hay 12 regiones europeas que debido a su mayor crecimiento natural superan el 75% de la media de la Europa de los 15 durante el trienio 2000-2002 y pierden los fondos estructurales. En España afecta a tres regiones. Castilla-León (78,26%), Comunidad Valenciana, (81,22%) y Canarias (80,11%). Para estas regiones, la presidencia británica mantiene la propuesta de Luxemburgo y ofrece 3.700 millones de euros para el régimen transitorio. Canarias recibe unas transferencias específicas de 436 millones. España pide mejorar el periodo transitorio.

- Regiones que pierden fondos por la ampliación. Cuatro regiones españolas, cuya renta per cápita sigue estando por debajo del 75% de la media en la Europa de los 15, superan este umbral por el efecto estadístico de la ampliación en la Europa de los 25. Se trata de Asturias (que pasa así del 72,3 al 79,3%), Murcia (del 72,4% al 79,39%), Ceuta (72,6% al 79,6%) y Melilla (72,7% al 79,7%). Para estas regiones y ciudades autónomas se propone un periodo transitorio de 1.300 millones de euros que el Gobierno español también quiere mejorar.

Tecnología, inmigración y agricultura

Con independencia de las mejoras cuantitativas del régimen transitorio para los fondos estructurales y el fondo de cohesión, España intentará la creación de dos nuevos fondos específicos: el Fondo Tecnológico y un paquete de ayudas a la inmigración. Respecto al primero, el Gobierno español aspira a la creación de un fondo para el fomento del desarrollo tecnológico con el objetivo de promover el crecimiento y el empleo para compensar la pérdida de los fondos estructurales. El montante total para todos los países sería de unos 6.000 millones de euros.

Los recursos procederían del paquete destinado al fomento de la competitividad, el crecimiento y el empleo, que según la presidencia británica tiene una dotación de 72.010 millones de euros. España sólo recibe el 5,5% del gasto en innovación tecnológica. Su aspiración es lograr un 10% o un 12% de participación.

En los recursos para inmigración, España exige la constitución de un paquete de recursos para compensar los mayores gastos que comporta su posición estratégica en el control de las fronteras exteriores de la UE. Los recursos saldrían del capítulo dedicado a Seguridad, Libertad y Justicia, que cuenta con 10.270 millones.

Uno de los recortes más contradictorios de la presidencia británica es el que afecta al Desarrollo Rural, el paquete destinado a modernizar la agricultura, que queda en 66.000 millones, tras una rebaja de 8.000 millones respecto a Luxemburgo. La medida representa una pérdida para España de unos 280 millones.

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