Álava acusa al PNV de poner en riesgo la coordinación tributaria
El Gobierno evita pronunciarse sobre el gravamen de sociedadesLa Cámara respaldó a Balza sobre las convocatorias de Batasuna cuestionadas por el PP
La decisión unilateral de las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa de fijar el tipo del impuesto de sociedades en el 32%, inferior en medio punto al anulado por los tribunales por diferenciarse del 35% vigente en el resto de Españas, ha roto el equilibrio fiscal en Euskadi. La primera consecuencia es que la Diputación de Álava va a replantearse la viabilidad futura del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), donde las tres haciendas forales ponen en común sus política tributarias, según anunció ayer el diputado de Hacienda, Juan Antonio Zárate. Tras reiterar que los diputados generales del PNV actuaron con "deslealtad", señaló en una rueda de prensa que la Diputación alavesa, gobernada por el PP, se reserva la posibilidad de solicitar una reunión del OCT, foro en el que también está el Gobierno vasco, para tratar el asunto. A renglón seguido, Zárate se preguntó sobre el futuro de este órgano interinstitucional tras lo sucedido.
Añadió que ayer por la mañana se le comunicó la suspensión de la reunión de la OCT prevista para la tarde, que era continuación de la que se celebró el miércoles. Zárate manifestó su sorpresa por los acontecimientos y sugirió que la actuación de los diputados generales del PNV también había pillado por sorpresa al Gobierno vasco. Un portavoz del Departamento de Hacienda, que dirige la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia, señaló que el Gobierno no tiene "absolutamente nada" que decir sobre la cuestión. Miren Azkarate apuntó que Vizcaya y Guipúzcoa se han limitado a ejercer "el autogobierno"."Cuando proceda, cuando haya garantías del consenso necesario", respondió la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, a una pregunta de su actual compañero de Gabinete, Javier Madrazo, que le interrogó en marzo de 1999, sobre la fecha en que llevaría a la Cámara la Ley Municipal.
El Gobierno quedó emplazado luego, en una iniciativa aprobada en abril de ese año, a entregar el proyecto antes de terminar el ejercicio, pero nunca lo hizo. La vicelehendakari fue interpelada por ello dos meses después de su incumplimiento y pasó de byevo por el trance a finales de 2000. El Gobierno tripartito salido de las elecciones de 2001 volvió a incluir el proyecto entre sus compromisos, pero la Cámara se disolvió en febrero de este año sin que materializara su promesa.
En el debate de ayer, todos los grupos volvieron a coincidir en la necesidad del proyecto, y el PNV se declaró "absolutamente dispuesto a la colaboración con el resto de los grupos para alcanzar un pacto definitivo en una cuestión tan sustancial".
La Cámara aprobó también, esta vez contra el criterio y los votos de los tres grupos del Gobierno, una proposición de ley del Grupo Socialista por la que se llevará a comisión el debate sobre la extensión del cobro de la renta básica a partir de los 18 años, mediante una modificación de la Ley contra la Exclusión. Ahora la edad mínima para percibirla está establecida en los 23 años.
El debate sirvió para que los grupos intercambiaran los reproches que ya se dirigieron en el pleno del miércoles, cuando resultaron aprobadas otras dos iniciativas relacionadas con estas ayudas. El Gobierno, que ha emitido su criterio contrario a la toma en consideración y debate de todas ellas, está preocupado por las consecuencias de tipo presupuestario que tendría su aprobación definitiva y discrepa de la filosofía que las inspira. Esta nueva victoria de la oposición (apoyaron la proposición el PSE, PP, EHAK y Aralar) sirvió al popular Fernando Maura para acusar al Ejecutivo de haber "perdido el liderazgo en materia social".
La parlamentaria socialista Gemma Zabaleta defendió la propuesta en la homologación con los criterios de edad que se siguen en otros países europeos y afrontó nuevas acusaciones de demagogia lanzadas desde las filas del tripartito.
El PP, solo
El debate de una proposición del PP para que la Cámara instara al Departamento de Interior a prohibir las manifestaciones convocadas por Batasuna se volvió finalmente contra el grupo proponente, que terminó derrotado, mientras el consejero cuestionado, Javier Balza, resultaba respaldado y animado a "seguir actuando con ecuanimidad".
A la discusión de lo que era una cuestión entre el PP y el Gobierno, se superpuso de nuevo el establecimiento de diferencias con los populares que los socialistas han decidido abordar en los últimos debates. El portavoz del PSE, Rodolfo Ares, admitió que el entorno de la organización ilegalizada utiliza "subterfugios e intentos permanentes de burlar la ley", pero se negó a censurar la actuación de Balza, en cuyo compromiso con el cumplimiento de la ley dijo creer. Ares afeó al popular Carlos Urquijo su "campaña de confrontación permanente" con el consejero de Interior y le dijo que "es hora ya de que la abandone". "No les vamos a seguir en ese camino, no van a contar con nosotros", añadió. "Ustedes sabrán lo que hacen", le respondió Urquijo, tras acusar al PSE de actuar "como si estuvieran en la antesala de un pacto con el PNV para entrar en el Gobierno, o algo así".
El PP sí logró sacar adelante, con los votos de todos los grupos salvo EHAK, una iniciativa que insta al Gobierno de Marruecos al "cese inmediato de la represión" contra los saharauis y también una propuesta sobre el sistema de inspección de viviendas protegidas para evitar el fraude, que los populares pactaron con los grupos del Gobierno. Aralar vio aprobada, gracias al apoyo del tripartito, una propuesta que insta al Gobierno central a derivar los gastos militares a la lucha contra la pobreza.
