Miembros de la asamblea de Bancaja piden medidas tras la denuncia al parque temático
El escándalo judicial de Terra Mítica llegó ayer hasta la asamblea de Bancaja, reunida en Castellón. El consejero José Luis de la Piedad, representante de las entidades locales y dirigente socialista, tomó la palabra para recordar que la entrada de Bancaja y la CAM en el parque fue una imposición del Consell del PP y un ejemplo de "intervencionismo político en las cajas". Recordó además que también entonces se advirtió de que era una idea mal concebida, sobredimensionada, inviable económicamente por la falta de un socio tecnológico, y ejecutada con sobrecostes. De la Piedad rescató las críticas que entonces lanzaron los socialistas por la elección de algunos gestores de Terra Mítica "por criterios políticos y no por su solvencia profesional". Entre ellos citó a Justo Valverde, entonces cuñado de Eduardo Zaplana, y a Miguel Navarro, director general del parque entre 1998 y 2001.
Lo que el consejero calificó de "intervencionismo político", llevó a la sociedad en abril de 2004 a la suspensión de pagos, afectando a las arcas y a la imagen de la entidad. "Pero es que ayer [por anteayer]", agregó el consejero, "para acabar de arreglarlo, toda España supo que Terra Mítica está siendo investigada por la fiscalía, junto a otras 16 sociedades y 25 personas físicas, tres de las cuales son consejeros del parque, por un presunto delito fiscal, por emitir facturas falsas con el consiguiente fraude en el impuesto de sociedades y el IVA", hechos que De la Piedad tildó de muy graves.
De la Piedad lamentó que los responsables de la caja de ahorros y las personas designadas por la entidad financiera para controlar la gestión del parque temático, como el ex directivo Arturo Alario -que dimitió tras conocerse que había comprado suelo en un proyecto urbanístico de Bancaja- hayan permanecido ajenos para no incomodar al Consell.
El consejero adelantó su decisión y "de otros muchos" de no asumir más riesgo con Terra Mítica. De la Piedad rechazó la operación para recalificar los terrenos circundantes a Terra Mítica "para tapar sus vergüenzas". El representante se mostró contrario a "otro pelotazo urbanístico" al amparo de Terra Mítica. De La piedad preguntó al presidente y al consejero delegado en qué situación se encuentra la suspensión de pagos, en qué términos se plantea el plan de viabilidad y alternativas posibles y qué va a hacer la caja frente a la denuncia de la fiscalía. José Luis Olivas, presidente de la entidad, replicó que de la denuncia a fiscalía se había enterado por la prensa, según fuentes de la asamblea.
Otro de los consejeros que tomó la palabra se refirió a la concentración de inversiones de Bancaixa en el sector inmobiliario. Marc Mont, consejero en representación de los socialistas, mostró su preocupación por la mala imagen para la entidad que ha supuesto el PAI en Tavernes. También se refirió a la contestación social a los dos programas urbanísticos presentados por Bancaixa en San Antonio de Benagéber, uno de ellos con el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa).
Mont pidió además explicaciones de la dimisión de Arturo Alario, así como de la marcha del subdirector general y responsable de la caja en Baleares, Ramón Roselló. Según este consejero, la solicitud de moratoria que ha pedido la UE y las dudas sobre las empresas mixtas creadas por el Ivvsa, una de ellas con Bancaja, hacen necesario revisar la estrategia de negocio de la caja en el sector inmobiliario. Mont pidió explicaciones sobre las condiciones en que se rescindió el contrato de Alario y sobre las medidas que se han adoptado para que no haga uso de información privilegiada en su nueva empresa.
En referencia a Alario, los responsables de la caja explicaron que la entidad ya dio una explicación en una nota de prensa cuando el directivo dimitió y, en cuanto a la actividad urbanística de Bancaja, el director general aclaró que la trayectoria de la entidad en este sector no es nueva y se remonta a principios de los años 90.
