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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Disputa sobre Internet

La Unesco ha convocado el mes próximo en Túnez a todos los Gobiernos para dar una solución a la brecha digital y pactar políticas que favorezcan la implantación de las nuevas tecnologías en zonas cuya miseria las perpetúa dramáticamente en la falta de horizontes. Es la segunda cita de una cumbre cuya primera convocatoria fue en Ginebra en 2003. Allí se precisó una lista de objetivos con un plan de acción que se compromete a que todas las aldeas del planeta tengan conexión a Internet en 2015. Lo que quedó pendiente para Túnez es lo más difícil: un acuerdo sobre cómo y quién pagará la factura.

Pero a Túnez llega también otro asunto sin resolver: el gobierno técnico de Internet. En esta Red abierta, la gestión de las direcciones debe estar bajo una autoridad ejecutiva. Esta labor corre a cargo de una entidad privada, la ICANN. Inicialmente esta tarea era competencia del Departamento de Comercio de EE UU por explicables razones históricas del nacimiento de Internet. Luego, la delegó en ICANN, pero manteniendo una facultad de veto sobre sus decisiones, opción que nunca ha ejercido. India, China y algunos países suramericanos, entre otros, han reclamado que esta función recaiga en un organismo multilateral que no esté sometido a las leyes y soberanía estadounidense.

El debate se enrarece cuando algunos países añaden al temario asuntos como la fiscalidad o la moralidad. Cuando este afán surge desde países no democráticos, las sospechas sobre sus intenciones están más que fundadas. La Unión Europea, tradicionalmente alineada con EE UU en este asunto, ha propuesto una solución intermedia. Mantener la competencia técnica de ICANN pero crear un foro complementario donde la voz de los Gobiernos sea más audible. Al mismo tiempo, la gestión técnica de la Red perdería agilidad si cualquier decisión tuviera que aguardar a un convenio internacional entre Estados. Hay que buscar mejor acomodo de los Gobiernos en la gestión técnica de Internet, pero impedir que algunos quieran colar controles políticos. Afinar la propuesta europea no es un mal camino.

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