Una oportunidad para no repetir errores del pasado
El sistema sanitario español no es el mejor del mundo y además tiene mucho que cambiar. Los profesionales sanitarios españoles tenemos igualmente mucho que mejorar, pero procuramos mantenernos en una permanente actualización para ofrecer a los ciudadanos los avances más importantes en salud. Sin embargo, la inversión que realiza el Estado (administraciones central y autonómicas) en sanidad pública no se corresponde con la media de nuestro poder adquisitivo como país. De esta manera, cuando comparamos el gasto en sanidad en España con el de los países de nuestro entorno, y ajustamos según nuestro poder adquisitivo, la inversión en sanidad en el año 2002 es algo así como el 10% menos de lo que nos correspondería. Es decir, en los últimos 10 o 15 años arrastramos una inversión insuficiente en sanidad pública para el desarrollo del país.
Podemos, por tanto, afirmar que los presupuestos en sanidad corresponden con las necesidades del pasado, no con las del año 2005. Y el resultado no podía ser otro: se está produciendo un deterioro lento en algunos aspectos del sistema sanitario y se está desviando el gasto hacia la sanidad privada, sobre todo por parte de aquellos colectivos sociales que pueden pagarla. De este modo, comenzamos a perder la equidad de nuestro sistema sanitario. Y esto está sucediendo en un país en el que la calidad en la atención a los problemas de salud y la garantía de la equidad para todos los ciudadanos son los principios fundamentales sobre los que se soporta el sistema sanitario público. Tanto la Ley General de Sanidad como la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud desarrollan su articulado con la finalidad de garantizar los dos citados principios. Para ello, establece que nuestro sistema de salud debe organizarse en torno al desarrollo de la atención primaria al tiempo que indica que los centros de salud han de garantizar la calidad y la integración de la atención sanitaria, siendo el médico de familia la figura esencial para atender los problemas de salud de los ciudadanos. En cambio, la realidad es otra: en estos últimos 20 años se han dedicado recursos para formar y cualificar a los especialistas en medicina de familia, pero apenas se ha empleado presupuesto para modernizar los centros de salud y dotarlos de medios de diagnóstico y tratamiento. La atención primaria cuenta con la mitad de los recursos que la atención hospitalaria, cuando en los países de nuestro entorno tienen presupuestos, al menos, equiparados; y la inversión destinada a los centros de salud en España es el 25% inferior a la que destinan los países de la OCDE.
En este contexto, parecía que por fin iba a ser posible resolver uno de los problemas de nuestro país que amenazaba con cronificarse. La decisión de convocar una Conferencia de Presidentes autonómicos abría la esperanza de que pudiese entrar en vías de solución. Sin embargo, la información de que disponemos sobre el debate hasta el momento invita a la desilusión. Observamos cómo los responsables políticos se centran en el síntoma que más les afecta en el día a día de su gestión: el déficit presupuestario, es decir, "la sangría de dinero", pasando por alto un diagnóstico global de la sanidad pública. Es como si se contentaran con "tapar la hemorragia de la herida presupuestaria", sin adoptar medidas que permitan resolver la causa de la misma y prevenir su aparición en el futuro.
Da la sensación de que nos encontramos ante un dejà vu. Tal como ha sucedido en los últimos 10 años, todas las medidas parciales que se han adoptado para mejorar el sistema sanitario y controlar el gasto sanitario han tenido escasa repercusión. Si no se realiza un abordaje global de los problemas que tiene nuestra sanidad, corremos el riesgo de repetir los fracasos del pasado. El tiempo seguirá transcurriendo y se irán acumulando las deficiencias actuales. Por el contrario, si en vez de un punto de llegada para resolver el déficit del presupuesto corriente, la Conferencia de Presidentes autonómicos se convierte en un punto de partida para afrontar algunos de los problemas más destacados, estaremos entonces ante una oportunidad histórica para nuestro sistema sanitario.
Sería fundamental alcanzar acuerdos en los próximos meses, al menos, en los siguientes ámbitos:
1. Garantizar un modelo de financiación que consolide el gasto actual, pero que en los próximos años crezca lo suficiente para equilibrar las deficiencias actuales, en especial en los niveles con más carencias.
2. Reorientar el modelo sanitario, poniendo un mayor acento en la atención de las patologías crónicas y en la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud. Con especial atención a los problemas de dependencia y a la participación con los servicios sociales y los servicios sanitarios de los ayuntamientos y a la dotación presupuestaria de la atención primaria.
3. Renovar los modelos de gestión, tanto de los recursos materiales como de los recursos humanos. Haciendo especial hincapié en la participación de los ciudadanos en la salud, en la implicación de los profesionales en la gestión del sistema, en el uso racional y eficiente de los fármacos y de las pruebas diagnósticas y en la utilización eficiente de los recursos.
4. Implantar un sistema de información y seguimiento de los resultados en salud que reciben los ciudadanos. Que permita conocer la evaluación de la atención en salud y planificar las necesidades de recursos en todo el estado español y la toma de decisiones apoyada en datos objetivos. Y resuelve estas graves carencias actuales.
En manos de los políticos está evitar un nuevo fracaso en los intentos de mejorar nuestro sistema sanitario. Los médicos de familia aspiramos a tener el mejor del mundo. Seguro que también los ciudadanos españoles.
Luis Aguilera es presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).
