Okinawa, la llave del Pacífico

"Okinawa es crucial para la estabilidad regional, las relaciones entre Washington y Tokio, y los intereses de Estados Unidos", afirma el general Jan Marc Jouas, de 47 años y jefe de la base aérea de Kadena, ubicada en esta isla japonesa. Es la mayor de Estados Unidos fuera de sus fronteras y desde ella se controla lo que se ha convertido en la región estratégica más importante del mundo. Más allá de sus alambradas, arrecifes coralinos y playas de fina arena incitan a la población de Okinawa a buscar los beneficios económicos del turismo y a exigir una "reducción significativa" de la presencia militar norteamericana en su suelo.

Para los estrategas estadounidenses, la creciente rivalidad entre China y Japón, la decisión del régimen norcoreano de fabricar armas nucleares, las aspiraciones independentistas de Taiwan y la ruta del 70% del comercio mundial han hecho del Pacífico oriental una "región única" para el porvenir del siglo XXI. En este sentido, más que plantearse una retirada de Okinawa, el mando militar norteamericano sostiene que hace falta "analizar la situación en su conjunto y a largo plazo para determinar cómo se pueden recolocar las fuerzas".

"Okinawa es crucial para la estabilidad regional", asegura el jefe de la base de Kadena

Japón paga el 70% de los gastos de las bases, incluyendo los salarios del personal nipón

Okinawa es la mayor de las islas del diminuto archipiélago del mismo nombre, que forman 160 islas, de las que 50 están habitadas. Sólo representa el 0,6% de la extensión total de Japón, pero sus habitantes se quejan de que seportan el 75% del peso de la alianza militar con EE UU. A unos 1.500 kilómetros al sur de Tokio, la conquista de Okinawa durante la Segunda Guerra Mundial jugó un importante papel en el fin de la contienda, y Estados Unidos no devolvió la soberanía a Japón hasta 1972. En la actualidad, además de Kadena, hay en toda la isla otra treintena de bases e instalaciones militares que acaparan el 20% de la superficie.

"Las bases son la continuación de la ocupación. No tienen nada que ver con el tratado bilateral entre EE UU y Japón. Los militares norteamericanos no son nuestros invitados. Nos sentimos ocupados", afirma Yoshihiko Higa, de 63 años y consejero del gobierno local de Okinawa. Según Higa, aunque los pacifistas exigen la retirada total de los norteamericanos, el gobierno local "comprende la necesidad de tener una fuerza disuasoria, pero quiere poner fin a la excesiva carga que soporta y, en concreto, a la presencia de los marines".

En Japón hay 50.700 militares norteamericanos, de los que 12.000 están en Okinawa que, unidos a sus familiares y personal civil, ascienden a 51.000 estadounidenses en la isla. Hay 7.500 efectivos de las Fuerzas Aéreas; 1.500 de Infantería y Marina, y los 17.000 restantes son marines. Éstos precisamente son los que la mayoría de población quiere que se vayan debido en gran parte a que muchos son jóvenes solteros o destinados sin su familia, que "conducen, beben y se comportan de forma temeraria", afirma la ONG Movimiento Femenino Antimilitar. A ellos se atribuyen buena parte de los 5.328 delitos y faltas cometidos por las tropas estadounidenses entre 1972 y diciembre de 2004, de los que destacan por su gravedad 541 casos de homicidios, violaciones o atracos.

Los marines están en el ojo del huracán desde que, en septiembre de 1995, tres de ellos violaron a una niña de 12 años. Las masivas protestas desatadas por esa bárbara acción llevaron a la conclusión de un acuerdo denominado SACO (Comité de Acción Especial sobre Okinawa), que determinó la devolución de 11 instalaciones norteamericanas, incluida Futenma, la base de helicópteros de los marines, muy ruidosa y que representa un claro riesgo para los 90.000 habitantes de Ginowan que viven a escasos metros de sus alambradas. Nadie puede excluir un accidente como el del año pasado, cuando se estrelló un helicóptero que trataba de aterrizar en la base.

Pasados casi diez años, sólo se ha devuelto una instalación menor, y Futenma, con sus 3.500 marines y 150 trabajadores civiles, sigue operativa, con sus 74 helicópteros y cuatro aviones de apoyo operacional en plena actividad. "Somos invitados del Gobierno de Japón y nos deben realojar ellos", dice el coronel Leo Falcam, comandante en jefe de Futenma, que desde que llegó hace un mes ha ordenado que se reparen las instalaciones, que llevaban una década sin acometer obras.

"SACO fue un fracaso porque se realizó entre Washington y Tokio sin consultar con Naha, capital del archipiélago. Estableció la devolución de la tierra, pero no la reducción de las tropas norteamericanas, que es lo que nosotros queremos. Esperamos que aprendan la lección y escuchen nuestra opinión ahora que renegocian el futuro de las bases", señala el consejero del gobierno local.

La implementación de SACO habría supuesto devolver el 20% del terreno que ahora ocupa el Ejército de Estados Unidos, pero la demanda generalizada de eliminar o reducir la presencia de los marines se habría radicalizado porque habría aumentado el número de militares en zonas hartas de pedir que se vayan. Además, exigía al Gobierno japonés un fuerte desembolso para construir en terrenos ganados al mar una base aérea en sustitución de Futenma.

El diario Okinawa Times realiza cada cinco años una encuesta sobre la presencia norteamericana. La de 2005 revela que entre el 10% y el 15% de la población quiere la retirada inmediata, y entre el 70% y el 80%, una retirada gradual y coordinada. El coronel de marines Stacy Clardy, por el contrario, considera que, "pese a lo que diga la prensa local -que es muy antiamericana-, la población apoya mayoritariamente la continuidad de las bases por los beneficios económicos que reportan".

Tras la ocupación norteamericana, en junio de 1945, los supervivientes de una batalla que dejó 240.000 muertos -decenas de miles, estadounidenses- fueron amontonados en campos de concentración. Como todo estaba arrasado, las tropas victoriosas levantaron sus campos donde creyeron conveniente sin compensar a nadie. Sólo en el momento de la devolución de Okinawa a Japón se estableció que los terrenos sobre los que estaban instaladas las bases pertenecían en partes más o menos iguales al Gobierno central, a las municipalidades y a personas privadas. Se determinó también que el arrendamiento lo pagaría Tokio.

"Ese dinero llegó como un extra, cuando los propietarios habían reconstruido su vida desde la nada, porque la isla quedó reducida a cenizas. Quienes lo reciben son en su mayoría pensionistas que no quieren saber de nuevos riesgos, ni de lo que obtendrían con la recuperación y venta de la tierra", afirma Tomohiro Yara, especialista del Okinawa Times en temas militares, al reconocer que muchos de los miles de arrendatarios están conformes con la situación actual.

Japón corre con el 70% del total de los gastos de las bases norteamericanas en el país, incluido el pago a los japoneses que trabajan en éstas. Por eso, las ONG y la oposición piden que el Gobierno renegocie el mantenimiento de estas instalaciones que cuestan al erario público más de 5.000 millones de dólares anuales. El líder de la oposición, Katsuya Okada, se ha comprometido a retirar a los marines de Okinawa si el Partido Democrático Japonés llega al poder.

En Naha se respira también un resquemor contra Tokio por permitir que 60 años después de la guerra, Okinawa siga militarizada. "Tras la derrota, Estados Unidos estacionó a sus marines donde le interesó, y Tokio, pese al evidente malestar de la población, decidió quitarse el problema de encima negociando su traslado a Okinawa. Ellos no los quieren; nosotros, tampoco", dice Gima, secretaria de 58 años que está en contra de un acuerdo que suponga la sustitución de las tropas norteamericanas por japonesas.

La actitud del Gobierno central levanta ampollas entre una población que, en muchos casos, aún no ha asimilado la conquista japonesa, en 1879, de lo que fue el próspero reino de Ryukyu. "Mientras estuvimos bajo control de Estados Unidos, hablábamos nuestra lengua. El retorno a Japón no ha servido más que para imponernos una doble ocupación: la militar norteamericana y la cultural japonesa, que pretende asimilarnos y está acabando con nuestra cultura", comenta el empresario de 28 años Yu Shimabukuru.