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Análisis:CUMBRE DE LA UE | La aportación británica
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

'Cheque' para todos

Aunque no es el único problema que socava la confianza popular en la integración, las querellas presupuestarias en el seno de la Unión Europea están en el origen de buena parte de los desencantos de estos días. El gasto que la UE genera a sus socios es relativamente modesto (en torno al 1% del PIB europeo; cuatro veces menos de lo que aportan los Estados al presupuesto federal de Estados Unidos), pero es políticamente muy sensible.

El debate sobre las finanzas comunitarias está siempre condicionado a los intereses nacionales en lugar de ceñirse a la conveniencia de primar tal o cual política desde la eficacia general y el bien común, influyendo en la percepción que se tiene de Europa en Alemania y Holanda (quieren reducir sus aportaciones para reducir su actual déficit con Bruselas), Reino Unido (quiere mantener su cheque), Francia (no quiere renunciar a las ayudas agrícolas) o España (que recibe enormes ayudas agrícolas y de la política de la cohesión), por sólo citar los que quizá sean los casos más significativos.

El debate sobre las finanzas comunitarias está condicionado a los intereses nacionales
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El problema del presupuesto comunitario no es lo que cada uno aporta (que se ajusta bastante al tamaño y riqueza de cada uno), sino lo que recibe. Al concentrarse el gasto en sólo dos grandes políticas, la estructural y la agrícola, países como Alemania, Holanda y Reino Unido tienen déficit crónicos (corregido por el cheque en el caso británico), mientras que Francia ha tenido tradicionalmente un déficit muy inferior al que le correspondería a su tamaño y riqueza. Ese problema, agudizado por el estancamiento económico europeo, ha generado un círculo vicioso: el gasto comunitario no aumenta porque el presupuesto no está diversificado, y el presupuesto no se diversifica porque no aumenta el gasto y no se puede pensar en nuevas políticas comunitarias.

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Una forma de romper ese círculo vicioso es acabar con el actual vínculo entre el retorno del dinero comunitario y la participación en las políticas comunitarias. El déficit o superávit de cada país con la UE no debería estar relacionado con su participación en sus políticas, sino con su tamaño y riqueza: los más ricos en términos brutos y relativos deberían tener un déficit presupuestario predeterminado, matemáticamente relacionado con su tamaño y riqueza. Francia y Reino Unido, cuya economía y población son ahora relativamente similares, tendrían un nivel de déficit semejante, pero eso no afectaría necesariamente a las subvenciones agrícolas que reciben los campesinos. Sin embargo, ese sistema legitimaría a los británicos para exigir el recorte de las ayudas agrícolas en términos políticos (porque creen que distorsionan el mercado y afectan negativamente a las posibilidades de desarrollo de los países más pobres). Y Alemania podría debatir si quiere gastar mucho o poco dinero en la construcción europea sin estar condicionada por un déficit desproporcionado.

En el otro lado del escalafón, los países más pobres tendrían un superávit presupuestario preestablecido, acorde también con su tamaño y nivel de vida, y el debate sobre las bondades o no de la política de la cohesión estaría libre de la eterna sospecha de que los países más pobres, como lo ha sido España hasta mayo pasado, son europeístas porque les sale a cuenta.

Con un sistema presupuestario neutro pero solidario, el debate financiero nacionalista daría paso a uno de mucho más calado: en qué políticas (y no sólo la agrícola o la estructural) vale la pena gastar dinero comunitario. Y si la respuesta es que "en ninguna", al menos que sea porque no creen en Europa.

Reino Unido llega al Consejo Europeo de Bruselas bajo la presión de una inmensa mayoría de sus socios, que quieren recortar -si no eliminar- el llamado cheque británico. Ese cheque, por el que el Reino Unido tiene derecho a recuperar dos tercios de su saldo negativo con el presupuesto comunitario, fue logrado en 1984 por su entonces primera ministra, Margaret Thatcher, al grito de "I want my money back" ("quiero que me devuelvan mi dinero"). En aquel entonces, el Reino Unido tenía un saldo negativo equivalente al 0,5% de su producto nacional bruto, mientras que países como Holanda, que ahora se quejan de lo mismo, tenían un superávit de medio punto.

El déficit británico se debía en parte a que su contribución por IVA era relativamente mayor a la que le correspondía por su economía pero, sobre todo, a su baja participación en las políticas comunitarias, y en particular la agricultura. En aquellos tiempos la economía británica no era tan boyante y su renta por habitante se movía en torno al 90% de la media comunitaria, lo que contribuía a agravar las consecuencias políticas de ese desembolso en un país, por lo demás, poco europeísta.

El cheque británico es más discutible en la actualidad, aunque Londres tiene todavía dos argumentos de peso en la cartera. El primero es que, si se eliminara el cheque británico y se dejaran las cosas como están ahora, volvería a ser proporcionalmente el mayor contribuyente neto de la Unión Europea: una media del 0,62% de su PIB en el periodo 2008-2013, según las proyecciones publicadas por la Comisión el año pasado (ver tabla adjunta).

El otro argumento, de carácter político, es que la agricultura sigue siendo el gran factor distorsionador de las cuentas comunitarias, y Francia (que se lleva el 24% de esas ayudas, frente al 9% de los británicos), el gran beneficiado.

El argumento contra los británicos es que ahora es un país mucho más próspero, hasta el punto de que en 2006 tendrá una renta del 120% de la media comunitaria en paridades de poder de compra, muy por delante de Francia (111%), Alemania (106%) e Italia (102%).

La Comisión Europea ha presentado una propuesta que acaba sólo a medias con el problema: un cheque generalizado para los países contribuyentes netos, que recibirían sistemáticamente dos tercios del déficit que exceda del 0,35% de su PIB, con un tope de devolución de 7.500 millones de euros y a poner en marcha durante un periodo transitorio, para no recortar de manera brusca el cheque británico.

La fórmula ha sido rechazada por Londres, aunque se vislumbra cierto terreno de maniobra si hay algún compromiso de reforma de las ayudas a la agricultura. Pero aunque atenúa los déficit de los contribuyentes netos, lo hace a costa de los demás, sin tener en cuenta la riqueza bruta y relativa de cada país y sin solucionar el problema de base, la vinculación entre las políticas comunitarias y los balances presupuestarios de los Estados miembros.

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