El 'botellón' que nadie asume

Los alcaldes de las ocho capitales (seis del PP, uno del PSOE y una de Izquierda Unida) han lanzado un SOS para luchar contra el botellón, un fenómeno que enfrenta el derecho de los jóvenes a divertirse en la calle con el de los vecinos al descanso. En los últimos años, este debate aparece y desaparece como el Guadiana y ahora ha vuelto a la actualidad a raíz de la reunión que los ocho alcaldes de las capitales mantuvieron el pasado lunes en Antequera (Málaga) para analizar este asunto. En esa cita, los regidores demandaron al Gobierno central y a la Junta una mayor implicación (principalmente en forma de medidas legales y de dinero) para hacer frente a una realidad que lleva a miles de jóvenes, sobre todo los fines de semana, a divertirse en la calle.

La Junta cree que la demanda de los alcaldes debió hacerse a través de la FAMP

"Los ayuntamientos se ven desbordados, pero la Junta tampoco tiene capacidad"

El formato de la reunión no ha gustado al Gobierno andaluz, que estima que este tipo de iniciativas ha de vehicularse a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), órgano en el que están representados todos los municipios de la comunidad. El Ejecutivo autonómico teme que los alcaldes del PP instrumentalicen este tema para atacar a la Administración autonómica, que, además, entiende que el margen de maniobra que tiene con el botellón es mínimo, pero que ha mostrado su disposición a explorar las alternativas que planteen los ayuntamientos.

Algo parecido le ocurre al Gobierno central, que recuerda que sus competencias en este asunto se refieren exclusivamente al orden público. De momento, el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, ha recibido una carta del alcalde de Granada, José Torres Hurtado, en la que éste le pide una cita para abordar el botellón. Esta cita, probablemente, se produzca la próxima semana, según fuentes de la Delegación.

Torres Hurtado fue el promotor de la cita de Antequera después de que en su ciudad, Granada, se celebrase en mayo una concentración masiva de jóvenes en la plaza de toros que acabó con una multitud de quejas de vecinos e, incluso, del personal de un hospital que se vio invadido por los participantes en la convocatoria.

Además, este acontecimiento coincidió con la memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que pidió a los poderes públicos que actuaran contra el botellón, calificándolo de un fenómeno de "contaminación múltiple" y advertía de que no actuar contra él podía suponer una "prevaricación omisiva".

La consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, destaca que la situación "es muy compleja" y que "los aspectos legales son de competencia municipal". Naranjo añade que la Junta no está "cerrada a nada", pero que los instrumentos legales a su alcance no son muchos. Hoy día hay dos leyes autonómicas que sirven para afrontar el botellón (la ley de Drogas y la ley de Protección ambiental) y un decreto contra la contaminación acústica.

La ley de Drogas prohibió la venta de alcohol a partir de las 22.00 en los establecimientos públicos, los principales surtidores del alcohol que consumen los jóvenes en sus concentraciones. En 2002, la Junta aprobó un decreto por el que se podía ceder a los ayuntamientos el control y la sanción a los locales que incumpliesen esta norma.

Naranjo destaca que hasta la fecha sólo han firmado el convenio con el Gobierno andaluz para lograr este avance tres capitales, Sevilla, Almería y Granada, estas dos últimas cuando eran gobernadas por el PSOE en el anterior mandato municipal. "Ningún Ayuntamiento del PP en Andalucía ha firmado con la Junta convenios para asumir competencias en esta materia y para sancionar la venta de alcohol a partir de determinadas horas, por lo que no se puede ser pirómano y bombero a la vez", dijo la consejera el pasado jueves en el Parlamento.

Naranjo no es partidaria de prohibir el consumo de alcohol en la calle, una iniciativa que sí han regulado otras comunidades, pero dejando la decisión final en manos de los ayuntamientos. "Los ayuntamientos se ven desbordados, pero la Junta tampoco tiene capacidad" para hacer frente al botellón, afirma Naranjo, quien destaca que los municipios tienen la mayoría de las competencias relacionadas con este problema (tráfico, orden de la vía pública, control acústico, residuos, limpieza o mobiliario urbano).

Los seis alcaldes del PP han asegurado que no se trata de echar culpas a la Junta y al Gobierno, sino de buscar una salida entre todas las Administraciones. "No se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones. Lo que piden los ayuntamientos es colaboración y ayuda y que estas Administraciones no hagan dejación de sus competencias", afirma el alcalde de Jaén, el popular Miguel Sánchez de Alcázar.

Pese a que algunos alcaldes dicen lo contrario, Naranjo asegura que los municipios sí tienen potestad para ordenar la prohibición de alcohol en la calle. "No tienen ningún techo", afirma la consejera. De hecho, el Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el popular Francisco De la Torre, ha contemplado prohibir el consumo de bebidas en la calle entre las 22.00 y las 8.00 horas, además de causar ruidos como la música, cantar o gritar. Estas medidas estaban previstas en las nuevas ordenanzas en trámite contra el ruido, aunque la prohibición de beber se ha excluido de momento hasta ver qué medidas se adoptan para el ámbito de la comunidad.

Naranjo aboga por abrir un diálogo no sólo entre las Administraciones, sino a más bandas, incluidos los jóvenes que participan en los botellones. "O cuentas con los jóvenes o estás condenado al fracaso", afirma.

Esta información ha sido realizada con la colaboración de D. Narváez, R. Rincón, M. Altozano, L. Vallellano, G. Donaire, C. López, F. P. Monguió y M. Planelles.