El Tribunal de Cuentas investiga la gestión de Miguel Osuna en la Zona Franca de Cádiz
El órgano fiscalizador responde al requerimiento de la comisión Congreso-Senado
El Tribunal de Cuentas del Estado acordó en su reunión del 28 de abril iniciar la fiscalización del mandato del último delegado del PP en la Zona Franca de Cádiz, Miguel Osuna, al entender que pudieron cometerse posibles irregularidades en su gestión, entre 2001 y 2004. El concejal del PSOE en Cádiz Rafael Román informó ayer de este proceso, del que ya fue objeto recientemente el delegado Manuel Rodríguez de Castro, también del PP, quien ha sido embargado por la sección de enjuiciamiento contable del Tribunal de Cuentas por gastos excesivos que no justificó.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, asume con esta nueva investigación el mandato de la comisión mixta Congreso-Senado el pasado 8 de marzo. Entonces, el Congreso de los Diputados, con los votos del PSOE y de Ezquerra Republicana de Cataluña, propuso "modificar el programa de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas e incorporar el periodo 2001 a 2004". Sólo los diputados populares, que habían anunciado previamente su respaldo a esta investigación, se abstuvieron a última hora y por sorpresa no apoyaron esta fiscalización, que incluye también los primeros seis meses de gestión del actual delegado, el socialista José de Mier
El máximo órgano fiscalizador del Estado se centrará especialmente en los contratos millonarios que suscribió Rilco, una sociedad de la Zona Franca, con Miami Free Zone y Telvent Interactiva. Estas dos sociedades ingresaron casi siete millones de euros para crear una red informática de comercio que, según los técnicos de la Zona Franca, "no existe y no llegó a funcionar nunca".
Los últimos pagos a la empresa de Miami los realizó Miguel Osuna. Firmó el 27 de abril de 2001 una transferencia bancaria de 2,83 millones de euros, desde una cuenta del recinto fiscal gaditano en una sucursal de la Caja de Ahorros de El Monte a una oficina del BBVA en la plaza de San Juan de Dios de la ciudad de Cádiz a nombre de Miami Free Zone, aunque sólo el dirigente popular tenía autorización de la propia sociedad norteamericana para operar con ese dinero. Para el PSOE, se trata de una actuación "escandalosa".
Asimismo, el Tribunal de Cuentas indagará, según el PSOE, porqué la Zona Franca no anuló el contrato con Miami Free Zone.
El Tribunal de Cuentas pondrá especial énfasis también en la gestión de Quality Food, una empresa de alimentación que compró la Zona Franca en contra de las recomendaciones del abogado del Estado Manuel Ponce y que ha provocado un quebranto económico a las arcas del recinto fiscal de más de 30 millones de euros.
Rafael Román justificó la nueva investigación porque, según denunció, las prácticas irregulares de Rodríguez de Castro "continuaron" con Miguel Osuna. "Es necesario que se aclare qué ocurrió con el dinero que gastó para nada en Miami y con Quality", dijo Román, quien sostuvo que la fiscalización del tribunal de Cuentas "sigue adelante por la gravedad de los hechos". "La clarificación está cada vez más cerca después de muchos años en los que los populares han enturbiado, emborronado y engañado a la opinión pública con maniobras de distracción y poniendo delante a falsos culpables", dijo.
