Aumentar el poder territorial
El proceso de reforma de los Estatutos de autonomía, que comenzó como una reivindicación nacionalista de vascos y catalanes, se está convirtiendo en un movimiento imparable que va a llevar a un cambio en toda la estructura territorial del poder española.
Viendo los proyectos de reforma vascos y catalanes, las propuestas gallegas, valencianas, canarias y -ahora, por fin- andaluzas no cabe duda de que algo se está moviendo. Los grandes partidos, en especial el PP, mantienen públicamente el discurso de que no van a reformar el sistema autonómico previsto en la Constitución. Sin embargo, la reforma parece que va a producirse por la vía de hecho.
La propuesta catalana es por ahora la que mejor se conoce y la que está sirviendo de inspiración a la mayoría de comunidades. En ella, lo que más llama la atención es la manera en que se definen, al detalle, las competencias de la comunidad. Ya no se habla de materias genéricas -como hace el artículo 149 de la Constitución- sino de aspectos muy específicos. Hasta ahora, la distribución de competencias entre las comunidades autónomas y el Estado era fruto de las presiones acaparadoras de ambas partes, resuelta caso por caso por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La propuesta catalana intenta aclarar la situación, aunque lo hace de manera extraordinariamente favorable a la Comunidad.
Andalucía tiene que decidir claramente, y sin debates falsamente maximalistas, hasta dónde quiere empujar al Estado
La semana pasada saltó la noticia de que en Valencia el PP apoya que el nuevo estatuto asuma la competencia de Justicia. Es significativa en la medida en que evidencia que más allá del discurso político retórico los líderes populares autonómicos se prestan también a aumentar las competencias estatales. Algo similar sucede en Galicia.
En Andalucía, los partidos políticos presentaron sus propuestas hace una semana y en estos momentos los servicios jurídicos del Parlamento están elaborando una propuesta de consenso que parece que irá por una línea similar. El debate sobre la condición nominal que se le dé a Andalucía sólo hace de pantalla a unas propuestas que casi unánimemente amplían el ámbito de poder de las Comunidades Autónomas. Previsiblemente el principal partido de la oposición tendrá que sumarse a la ola autonomista, y los cambios de postura de las últimas semanas así lo pronostican.
En estas circunstancias, está claro que aunque no se modifique formalmente la Constitución estamos en medio de un proceso de mutación constitucional caracterizado por el aumento del poder territorial. El nuevo modelo parece que asienta -e incluso va más allá- un reparto en el que el Estado guarda tan sólo las normas básicas que garantizan un mínimo de igualdad y solidaridad entre comunidades y el resto, en especial toda la gestión pública, es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Se trata de un pulso en el que a largo plazo parece que no queda más remedio que modificar también nuestra norma fundamental.
En este momento, pues, Andalucía tiene que decidir claramente, y sin debates falsamente maximalistas, hasta dónde queremos empujar al Estado. Ése es el debate.
Joaquin Urias es Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla.
