Las adjudicaciones en 2004 fueron un 7% más baratas que con CiU

Los cambios impuestos por el Gobierno tripartito catalán en el sistema de adjudicación de obras han tenido reflejo en las cuentas de la empresa pública GISA de 2004, el primer año con el nuevo sistema de contratación: el importe de las adjudicaciones bajó un 7% respecto a 2003. Las adjudicaciones se hicieron a un precio inferior en un 10,29% al de partida, mientras que en 2003 esta reducción fue sólo del 3,15%, según GISA. Los cálculos de los constructores arrojan resultados ligeramente distintos, pero el balance final refleja también que las obras fueron un 7% más baratas.

El cálculo del precio final de las obras adjudicadas se hace partiendo de la cantidad licitada. En general, se supone que la competencia entre empresas hace que éstas presenten sus ofertas a la baja. El Gobierno de CiU había introducido un mecanismo corrector del precio que dejaba esta reducción en poco: se penalizaban las ofertas que se apartaran de la media en más o menos un punto. Es decir, se sumaba el importe de las ofertas presentadas, se hacía la media y se penalizaba a las que diferían de ella. El abaratamiento era siempre muy bajo. En 2004, el consejero de Política Territorial del tripartito, Joaquim Nadal, dio a GISA la orden de cambiar los pliegos y ampliar los márgenes de desvío hasta cinco puntos por arriba y otros tantos por abajo. El importe de las ofertas se redujo. La bajada del 3,15% de 2003 se convirtió en un descenso del 10,29% en 2004.

Si se consideran los años de la última legislatura de Jordi Pujol, de 2000 a 2003, este último se sitúa en una zona intermedia entre el año más caro, 2001, cuando la baja sobre el precio de partida fue de sólo el 1,76%, y el año 2000, cuando alcanzó el 4%.

El Gobierno de CiU, relata un constructor asiduo a los contratos de GISA, disponía de un amplísimo margen de discrecionalidad porque las variaciones entre las empresas que finalmente quedaban seleccionadas eran muy escasas. La oferta económica puntuaba hasta 50 puntos sobre 100, pero el resto de condiciones, de valoración mucho más subjetiva, compensaba sobradamente estas diferencias.

Ahora, la baja temeraria sólo es considerada si la desviación es superior al 5% de la media. Y, además, se procede a una comprobación de si hay o no motivos para esa baja. Un directivo de GISA explica cómo se hacen estas consultas: "Si la empresa responde que sus precios son más bajos porque ajusta márgenes, dispone de mejor organización u otra afirmación genérica de difícil demostración, no se tiene en cuenta. Pero hay casos donde esa baja está justificada y resultaría incomprensible que la Administración renunciara a un precio más bajo sin motivo". Un ejemplo: "Se efectuó un concurso para asfaltar una carretera. Una oferta era en torno a un 20% más barata. Se llamó a la empresa y se preguntó el motivo: tenía las instalaciones en la zona donde se iban a realizar los trabajos, no tenía gastos de transporte. Negarle el derecho a una oferta más baja sería injusto y absurdo". Con el sistema empleado por CiU, esta oferta hubiera quedado descartada.

Una de las condiciones no económicas puntuaba discrecionalmente el historial de obras ya ganadas por la empresa, de modo que las que obtenían una primera obra partían en mejor situación en las licitaciones futuras. El resultado de los cambios se traduce en la rebaja en las adjudicaciones y, también, en otros parámetros detectables. En 2003, la media de ofertas para cada licitación fue de 11,9; al año siguiente subió hasta 12,4.

Las ofertas medias más altas superaban el precio de salida en un 3,3% en 2003, mientras que en 2004 las ofertas más altas eran un 3,8% más bajas que el precio inicial. Lo mismo ocurría con las medias más bajas. En 2003 eran un 6,9% inferiores al precio licitado; en 2004 esa cifra caía hasta el 14,2%. Pero el grado de dispersión (diferencia entre la oferta más alta y la más baja) era muy similar en ambos años: 10,2% en 2003 y 10,4% en 2004, lo que indica que todas las empresas entendieron el mensaje: había que concurrir a la baja si se quería ganar el concurso.

CiU cree que las cifras son engañosas. Baja la adjudicación, pero no se sabe si bajará el precio final liquidado. "Igual son juegos malabares". Además, dijo un portavoz de CiU, las bajas pueden repercutir en menor calidad y en menor seguridad e "incluso favorecen a empresas de fuera de Cataluña".