La adjudicación de obras sin contrato era una práctica habitual en Adigsa en la etapa de CiU

La adjudicación de obras sin contrato no se limita al caso denunciado por el constructor catalán José Antonio Salguero. La auditoría sobre la empresa pública catalana Adigsa revela que las adjudicaciones a dedo eran una práctica "generalizada" durante la etapa de Gobierno de CiU, según fuentes del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. Las mismas fuentes revelaron que, además de Salguero, hay otros empresarios que han solicitado el cobro de facturas por encargos efectuados por la anterior dirección de Adigsa, sin relación contractual alguna con la empresa pública catalana.

Las irregularidades en la empresa pública catalana Adigsa, especializada en la rehabilitación de viviendas, no se limitan a las denuncias del constructor José Antonio Salguero. La auditoría sobre la compañía revela que las adjudicaciones sin contrato o licitación de obras "eran una práctica habitual y generalizada" en la anterior gestión de Adigsa, durante la etapa de Gobierno de Convergència i Unió (CiU), según fuentes próximas al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda.

El consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Salvador Milà, desveló el pasado martes en un comunicado que una primera auditoría, fechada en mayo de 2004, ya revelaba "un importante volumen de obra que no había pasado el procedimiento reglado de contratación". El nuevo informe, que está prácticamente finalizado, señala que ésa era una práctica habitual en esta empresa y que, junto al caso del empresario José Antonio Salguero, han aparecido otros "de cuantía muy superior", que fuentes del Ejecutivo catalán rehusaron detallar hasta que aparezca el informe definitivo.

La primera auditoría encargada por Adigsa reveló que Salguero cobró facturas por la rehabilitación de unas viviendas adquiridas por esta empresa pública en Artesa de Segre (Lleida) en 2003 sin que constara ningún procedimiento de licitación ni contratación. Junto con ese caso, Salguero admitió haber pagado comisiones del 20% por una veintena de obras que Adigsa le adjudicó "sin ningún contrato". Las viviendas fueron tasadas por José María Penín, un intermediario que se presentaba como pariente del ex consejero de Política Territorial y Obras Públicas de CiU Felip Puig.

Puig presentó ayer una querella contra "empresarios, supuestos empresarios y otras personas" por el delito de estafa y de "uso fraudulento de mi nombre" en relación con el caso. El portavoz de CiU aseguró que las obras de Adigsa se adjudicaron "de acuerdo con la normativa vigente" y recordó, además, que los estados contables de Adigsa "fueron auditados por el nuevo Gobierno tripartito en 2004".

CARSA y Teyco

No todas las adjudicaciones de Adigsa se hacían sin licitación previa, pero incluso en las obras adjudicadas con contrato planea la sombra de las comisiones sobre la actuación de la empresa pública de la Generalitat. Las empresas con mayor volumen de obras durante la gestión de CiU en Adigsa fueron Construcciones Aplicaciones y Refuerzos SA (CARSA) y Teyco SL. Esa última firma, con sede en El Prat de Llobregat, en el cinturón metropolitano de Barcelona, pertenece a la familia Sumarroca. Carles Sumarroca es uno de los fundadores de Convergència i Unió y amigo personal del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol.

En el caso de CARSA, su presidente, Fernando Gordún, negó ayer cualquier relación con el posible pago de comisiones relacionado con la adjudicación de obras. La compañía ha sido una de las elegidas por la nueva dirección de Adigsa para estabilizar los bloques afectados por el hundimiento del túnel del metro en el Carmel. El grupo municipal del Partido Popular (PP) en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) instó ayer a la Generalitat a investigar las obras adjudicadas por Adigsa en la zona "después de las graves acusaciones vertidas durante los últimos días, que arrojan una sombra de duda sobre todas las actuaciones de esta empresa pública", explicó Juan Carlos del Río, portavoz del PP.

Nuevas denuncias

El jefe de la oposición en el Parlamento catalán y presidente de CiU, Artur Mas, advirtió ayer de que en los próximos días pueden surgir nuevas denuncias, verdaderas o falsas, como la del constructor Juan Antonio Salguero, una vez el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, "ha abierto la veda" al insinuar el cobro de comisiones por parte de los nacionalistas.

En declaraciones a Antena 3 Televisión, Mas explicó que en una Administración "que tiene 150.000 empleados y decenas de organismos siempre puede ocurrir que, en algún caso muy concreto y muy aislado, haya algún tema irregular". "Pero de ahí a relacionar eso con la denuncia de Maragall, media un auténtico abismo", subrayó Mas. "Ahora, a partir del momento en que Maragall abrió la veda como la abrió, puede salir cualquier persona que se sintiera afectada por algo, o simplemente con ánimo de venganza, y empezar a denunciar cosas, ya sean verdad o mentira", avisó.