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El Gobierno destinará 134 millones a la renta básica

El Gobierno vasco destinará este año un total de 134 millones de euros a la partida de renta básica, lo que supone un 34% más del dinero gastado en 2004. El Consejo de Gobierno dio luz verde en su reunión ayer a este desembolso, con el que prevé cubrir la demanda de 37.500 perceptores del salario social, casi 8.000 más que el año pasado. En cualquier caso, la renta básica tiene un carácter universal por ley y, por lo tanto, no tiene límite presupuestario. Si se generan más necesidades de las previstas, el Ejecutivo puede ampliar la partida en cualquier momento.

La renta básica garantiza unos ingresos del 84,5% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) cuando se trata de un perceptor. Es decir, un demandante del salario social cobrará este año 505,73 euros al mes, un 16% más que en 2004. En el caso de que la unidad de convivencia esté integrada por dos personas, la cuantía sube hasta los 656,36 euros, y si se trata de tres llega a los 715,21 euros. La intención del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, que es quien se hace cargo de la renta básica, es incrementar su cuantía paulatinamente hasta llegar al 86% del SMI en el año 2006.

El titular del departamento, Joseba Azkarraga, indicó que el sistema de inserción social en Euskadi, destinado a buscar acomodo en el mercado de trabajo a los más desfavorecidos, se va a ver reforzado con el nuevo presupuesto de 134 millones para la renta básica, uno de los pilares de ese modelo. Azkarraga volvió a solicitar al Gobierno central un incremento significativo de la actual cuantía del SMI, de manera que se pueda equiparar a lo establecido en otros países de la Unión Europea.

El consejero destacó que el Gobierno vasco tiene la mirada puesta en la Carta Social Europea, que indica que el Salario Mínimo Interprofesional debe situarse en el el 60% del salario medio, algo que en España queda aún bastante lejos, ya que ronda el 37%.

Por otra parte, el Consejo ratificó las resoluciones administrativas dictadas en mayo por el director de Energía, por las cuales se autorizaban las instalaciones del Parque Eólico de Badaia. El Gobierno ha considerado necesario realizar esta ratificación ante la oposición expresada por la Diputación de Álava a la ampliación del actual parque en las condiciones que plantea el propio Ejecutivo de Vitoria.

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