Disculpas y responsabilidades

Petición de disculpas a los 1.054 afectados por el hundimiento de las obras del metro del Carmel y de responsabilidades para quienes se demuestre que actuaron negligentemente, sean de la administración que sean, la presente o la anterior. Fueron las dos líneas principales de una extraña sesión plenaria que ayer celebró el Ayuntamiento de Barcelona y que se centró casi exclusivamente en la grave crisis que sufren los vecinos del Carmel y también el resto de la ciudad. "Un episodio nunca vivido", resumió ayer el alcalde, Joan Clos. Fue un debate en el que se escucharon reproches y críticas desde los bancos de la oposición de CiU y el PP al equipo de gobierno. Críticas con palabras comedidas -no hubo palabras o expresiones subidas de tono habituales en otros debates- por la forma de gestionar la crisis, pero también reconocimiento al esfuerzo que cientos de funcionarios, técnicos y políticos del consistorio están haciendo para atender las necesidades de la población afectada. Clos cerró el debate afirmando que el episodio de crisis va bastante más allá de las dos semanas calculadas inicialmente y que el dipositivo de atención a los desalojados y el proceso de regreso no durará menos de dos meses. El alcalde pidió disculpas a los afectados: "Lamentamos el desconcierto de las decisiones que luego tuvieron que ser revocadas [en referencia a la vuelta a los hoteles de los primeros 270 que regresaron a sus casas al producirse el segundo socavón], pero quiero insistir en que siempre ha primado el principio de precaución y de seguridad. Pedimos disculpas por los inconvenientes y los déficit de asistencia", concluyó.El principal punto de la declaración institucional firmada ayer por los tres partidos del gobierno municipal -PSC, ERC e ICV-EUiA- y los de la oposición de CiU y el PP es el que "solicita y exige a la Generalitat que se aclaren las causas y que la Generalitat y las otras administraciones determinen las responsabilidades en las que incurran en cada caso, con la colaboración de expertos independientes". Ese fue el punto de acuerdo. Pero a partir de ahí, el debate puso en evidencia las diferencias. No hubo fisuras de los tres socios en defender el esfuerzo de atención realizado al producirse el desalojo. Jordi Portabella e Imma Mayol exigieron a la Generalitat que busque a los responsables de lo ocurrido en la planificación y ejecución de la obra del metro y que actúe en consecuencia. Esa petición tan expresa no salió en la intervención de Ferran Mascarell, portavoz del gobierno municipal, y tampoco de Xavier Casas, que intervino como portavoz del grupo socialista. Es más, Casas señaló que las responsabilidades vendrán por las negligencias de quienes han actuado ahora y "de los que debieron actuar en su momento", lo que parecía una alusión a las hipotéticas responsabilidades del anterior Gobierno catalán, de CiU.

Mayol también añadió un punto: las posibles responsabilidades de las empresas y profesionales que extendieron las certificaciones conforme los afectados podían volver a sus casas cuando la realidad ha demostrado que eso no podía ser. Fue la presidenta del grupo municipal de ICV la que se refirió a la "categoría moral" que han demostrado la gran mayoría de las personas desalojadas de sus casas.

La tensión y preocupación acumulada durante esos 10 días por algunos de los ediles que están más presentes en el barrio del Carmel y en las reuniones con los afectados quedó en evidencia en el debate cuando la concejal del distrito, Elsa Blasco (ICV), no pudo contener la emoción por el reconocimiento que le expresó Xavier Trias, presidente del grupo municipal. Tras el agradecimiento, Trias pasó a criticar la gestión de la crisis, aunque reconoció "la respuesta importante que se ha dado a la atención a las personas". "Yo lo que creo es que la gente no ha visto al alcalde exigir responsabilidades con contundencia a la Generalitat. El Ayuntamiento no construye el metro, y debe ser capaz de encararse y exigir responsabilidades. Se está dando una imagen de protección, no sé de qué o de quién, pero se da esa imagen", afirmó en referencia al tripartito del Gobierno catalán.

Casas defendió que las deciciones se tomaron siempre en atención a las personas y a su seguridad: "Asumimos las decisiones acertadas y las equivocadas". Alberto Fernández Díaz, presidente del grupo municipal del Partido Popular, recriminó al consistorio no poder dar más respuestas a muchas preguntas. La mayor parte de ellas se referían a cuestiones acordadas por el Departamento de Política Territorial de la Generalitat. Por ejemplo: "Quién y por qué decidió que el túnel de maniobras se hiciera por debajo de las viviendas?, ¿por qué GISA [la empresa de la Generalitat que gestiona la obra] aseguró que no había afectaciones en la superficie cuando se produjo el primer desalojo, el martes de la semana pasada?".

Fernández Díaz formuló más preguntas: "¿Existen posibilidades de que se amplíe el radio de viviendas que puedan resultar afectadas?". Tal vez en la respuesta a esta última cuestión fue cuando quedó más patente el desconocimiento de lo que ocurre en el subsuelo de la boca cegada del túnel de maniobra y del comportamiento que ese punto puede tener en un futuro. Lo dijeron con distintas palabras el alcalde y también Xavier Casas. "Lo que hay que hacer es estabilizar el terreno", dijo Casas. Más claro fue el alcalde: "El único riesgo actual es la parte ciega del túnel de maniobra". Por encima de ese punto hay más bloques de pisos.