Narbona propone que el bosque no pueda recalificarse en 30 años tras un incendio

Medio Ambiente tiene previsto prohibir que los bosques quemados puedan recalificarse antes de que pasen 30 años desde el incendio. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, propondrá hoy modificar la Ley de Montes en la reunión con los consejeros de Medio Ambiente que se celebra en Santander. Madrid, Castilla y León, Galicia y Baleares rechazan la propuesta, y piden que se deje a las autonomías la decisión. El PP afirma que apoya el plan, pero cree que puede invadir competencias. El ministerio quiere reformar la ley aunque no haya acuerdo.

La lucha contra los incendios forestales será uno de los temas más importantes de la Conferencia Sectorial, en la que se reúnen los consejeros autonómicos de Medio Ambiente. El ministerio llevará la propuesta de un plan para prevenir los incendios forestales. En uno de los puntos, el texto propone "realizar los cambios normativos necesarios para evitar que el cambio de uso sea una motivación para los incendios forestales; a nivel estatal, establecer un plazo mínimo de 30 años de prohibición de cambio de uso en los espacios forestales objeto de incendio".

Los cambios necesarios son sencillos. Se trata, según el director general de Biodiversidad, José Luis Herranz, de modificar el artículo 50 de la Ley de Montes, de 2003. La norma establece: "Las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados, quedando prohibido el cambio de uso por razón del incendio. Igualmente, determinarán los plazos y procedimientos para hacer efectiva esa prohibición". El PSOE votó en contra de la ley entre otras cosas porque "minimizó el problema de los incendios al no fijar un plazo mínimo para la recalificación de los terrenos incendiados".

En manos autonómicas

El plan contra los incendios fue reelaborado el 18 de enero en una reunìón especial con las comunidades autónomas. Finalmente, Castilla y León, Madrid, La Rioja, Baleares y Galicia, gobernadas por del PP, propusieron una redacción más laxa en el punto de las recalificaciones: "Para evitar que el cambio de uso sea una motivación de los incendios forestales, las comunidades autónomas asumirán el compromiso de llevar a la práctica" el artículo de la ley que impide la recalificación. Algunas comunidades, como Madrid, o La Rioja, ya tienen legislación que impiden la recalificación de terrenos forestales incendiados. La normativa de Madrid, aprobada en 1995, fija el plazo de 30 años.

En 2004 ardieron 123.804 hectáreas de bosque en 7.242 incendios, según el Medio Ambiente, y hubo 17 grandes incendios (de más de una hectárea), la menor cifra desde 2001.

La portavoz de la Comisión de Medio Ambiente del PP en el Congreso, María Teresa de Lara, afirma que su partido apoya la propuesta: "Nos parece bien que se prohíba recalificar el bosque quemado. Madrid lo aprobó en 1995 y es lógico que se extienda a toda España". De Lara afirma que si las comunidades han presentado otra redacción es porque "sus servicios jurídicos están estudiando si esa reforma de la ley invade competencias autonómicas".

La propuesta de Medio Ambiente en la lucha contra incendios también incluye la redacción de un plan general de actuación contra el fuego elaborado entre Gobierno y autonomías, que incluye el apoyo común en caso de un gran incendio.

Castilla y León, Galicia, Baleares y Canarias han propuesto que sea el Gobierno el que elabore un plan y que sirva para apoyar a las comunidades, pero que el ministerio no tenga acceso a los planes de lucha de las autonomías, las competentes en la materia. Los dos puntos llegan sin acuerdo a la Conferencia Sectorial y puede que salgan de ellas sin acuerdo.

Reforma en el Congreso

En ese caso, según Herranz, el Gobierno pretende llevar la prohibición de recalificar al Congreso y aprobar allí la reforma de la Ley de Montes: "Creemos en que no debe haber ninguna tolerancia con los incendios y la intención del ministerio es aprobar la reforma antes de verano".

El decano del Colegio de Ingenieros de Montes, Alejandro Valladares, afirma que la motivación urbanística "es actualmente un problema menor como origen de los incendios forestales" aunque opina que si se endurece la legislación "se evitarán tentaciones".

Valladares, sin embargo, afirma que "son muy pocos los incendios forestales achacables a intereses urbanísticos. Esa práctica fue relativamente habitual en los años 80, pero ya casi se ha erradicado". Valladares indica que la mayoría de los incendios se producen por descuidos o pirómanos.

Herranz afirma que si la recalificación es imprescindible ("si es el único sitio para construir un hospital") se podría crear la fórmula de que el Consejo de Ministros o el Congreso aprueben el cambio de uso.