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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Salvavidas para Izar

El acuerdo entre los sindicatos y la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), propietaria de los astilleros públicos, para solucionar los problemas del grupo naval Izar pone fin a cuatro meses de negociaciones, tensión en la calle, declaraciones políticas y algún malentendido grueso en torno a la reconversión del sector naval urgida desde la Comisión Europea. Los términos del acuerdo reconocen que el plan inicial de la SEPI era sustancialmente correcto, puesto que conducen a la segregación de Izar en dos grupos (militar y civil), la privatización del segundo y la necesidad de un fuerte ajuste laboral, eufemismo que esconde 4.100 prejubilaciones obligatorias a partir de los 52 años. El sentido último del plan y del acuerdo adoptado es salvar al menos la construcción naval militar de la amenaza de quiebra que implica la exigencia imperativa comunitaria para que devuelva los 1.100 millones en ayudas concedidas ilegalmente a los astilleros por los Gobiernos del PP.

Más información
Bruselas cuestiona varias decisiones del acuerdo para reflotar los astilleros de Izar

Así que la lógica empresarial se ha impuesto a la pretensión de los sindicatos -jaleados a distancia por el Partido Popular, responsable de conceder ayudas ilegales a cambio de comprar la paz social en el sector- de mantener el empleo por encima de cualquier otra consideración, incluida la amenaza de quiebra. A cambio, las organizaciones sindicales han conseguido que no se cierren empresas, logro nada desdeñable si se tiene en cuenta la delicada situación de Izar. El acuerdo debe darse por muy bueno, sobre todo porque permite aplicar desde este momento las soluciones pactadas para reflotar el grupo y termina la incertidumbre sobre el futuro.

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El portavoz de la comisaria europea de Competencia ha expresado "ciertas inquietudes" sobre el acuerdo. Está en su derecho. Sin duda le queda al Gobierno la tarea importante de convencer a las autoridades de Bruselas de que Izar es viable bajo las condiciones acordadas y que éstas se ajustan a la legalidad comunitaria. Ahora ya es asunto de negociación; hasta el jueves era de grave desentendimiento.

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