Los zaplanistas se pliegan a la disciplina del PP y apoyan a Díaz Alperi en el palacio de congresos

La expectación que había provocado la votación en el Ayuntamiento de Alicante de una moción del alcalde, el popular Luis Díaz Alperi, sobre su propuesta de urbanizar el barrio de La Sangueta y construir allí un palacio de congresos, quedó ayer en nada. La moción, que no comparte la mitad del gobierno local, fue aprobada sin una sola deserción en las filas del PP, a pesar de que el sector zaplanista la tachó de "pelotazo urbanístico". Pese a no materializarse, la crisis municipal, enmarcada en parte en la lucha por las cuotas de poder en el PP valenciano, subió ayer de intensidad.

Los concejales zaplanistas mantuvieron en vilo al resto de la Corporación y al numeroso público asistente a la sesión plenaria de ayer hasta el momento de la votación. Ni siquiera el alcalde -muy serio durante toda la reunión- conocía si los ediles encabezados por el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, iban a votar en contra de su iniciativa y a oficializar, por tanto, la ruptura del gobierno local. Porque ayer, más que la confirmación de un proyecto urbanístico importante para Alicante, estaba en juego algo de mayor relevancia: la gobernabilidad de la ciudad y la posible materialización de la ruptura del PP, en plena pelea precongresual por el reparto del poder en ese partido.

A las nueve de la mañana, una hora antes de pleno municipal, Ripoll había convocado a los concejales zaplanistas -ocho de los 14 que componen el gobierno local- en la Diputación. Les expuso que no era partidario de romper la disciplina de voto, pero sí de criticar abiertamente el proyecto del alcalde e, incluso, de declarar en público que la iniciativa de Díaz Alperi huele a "pelotazo urbanístico". En esa reunión, según varios de los asistentes, no hubo fisuras. Pero sí "muchas ganas de votar en contra", comentó uno de los ediles. Los mismos protagonistas -salvo dos ausencias, Francisco Zaragoza y Miguel Valor- se habían reunido el viernes y ya ese día se habló de no romper el grupo municipal.

Después de que Alperi pusiera a los zaplanistas en el brete de votar un proyecto que no comparten y éstos decidieran apoyarle, la estrategia de Ripoll pasa ahora por rentabilizar esa supuesta responsabilidad en aras de mantener la unidad del partido en las duras negociaciones con el sector campista por las cuotas de poder en el PP valenciano. Esa estrategia se resume en una frase pronunciada ayer por un zaplanista: "Hemos podido romper el grupo y no lo hemos hecho".

Así las cosas y pese a no consumarse la ruptura, la crisis ha alcanzado un nivel que, según concejales de ambas facciones, puede estallar en cualquier momento.Dos minutos después de votar a favor del desarrollo urbanístico de La Sangueta, el presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, convocó a los periodistas para explicar su voto y el de siete ediles más. Primero dijo que se trata de un proyecto del alcalde de Alicante y "no del PP", y luego dejó claro que "una mayoría" de ediles populares, que "se podría cifrar en ocho" (Pedro Romero, Juan Zaragoza, Rosana Cremades, María José Rico, Miguel Valor, Francisco Zaragoza, Andrés Llorens y él mismo), ha apoyado la moción por "no plantear ningún tipo de ruptura".

Ripoll alegó tres puntos de desencuentro entre esa mayoría del grupo y el alcalde sobre el proyecto de La Sangueta. Primero, dijo, la construcción del palacio de congresos, con la rehabilitación del barrio de La Sangueta, "nos va a llevar un retraso evidente", cuando "creemos que hay ubicaciones suficientes para que ese retraso no se tuviera que producir". En segundo lugar aludió a un posible pelotazo urbanístico. "No seré yo el que lo diga, pero muchas personas o algunas personas o algún número importante de personas ya hablan de pelotazos urbanísticos y de quiénes son las personas que los van a llevar adelante". Según Ripoll, hay que tener en cuenta las plusvalías para los constructores que lleven adelante el proyecto. "No estamos hablando de plusvalías para realojar a los vecinos, de plusvalías para que el puerto pueda desprenderse de esos terrenos, plusvalías para generar esos grandes núcleos de comunicación, de plusvalías para construir el palacio o dejar libre la parcela del palacio, si no también para los que construyan las viviendas y los hoteles...". En tercer lugar, el presidente de la Diputación y concejal alicantino insistió en que la moción del alcalde sobre el proyecto del palacio de congresos "no es el proyecto d

el PP", porque no se ofertó así a los ciudadanos, y ni siquiera, agregó, es el proyecto del Grupo Popular. "No se ha consultado al equipo de gobierno sobre la ubicación y "ni siquiera se le ha consultado para decidir sobre la moción, algo que nos parece extraño en los cauces normales de cualquier ayuntamiento, entre otras cosas porque hoy ha parecido que el portavoz del Grupo Popular era el señor Blas Bernal -portavoz del Grupo Socialista-, y no Pedro Romero.

Pese a esas razones para votar en contra del proyecto, Joaquín Ripoll argumentó: "Como se están haciendo lecturas ajenas al contenido de la moción y ajenas al funcionamiento del grupo municipal, una mayoría de ese grupo hemos considerado que no vamos a plantear ningún tipo de ruptura en una moción que, entre otras cosas, no plantea nada concreto".

El portavoz de los socialistas argumentó su respaldo al proyecto porque éste incluye "todos" los requisitos planteados por su grupo. La única edil de Esquerra Unida, Susana Sánchez, votó en contra porque el emplazamiento "no se ha debatido suficientemente".

Antes del polémico acuerdo, el pleno aprobó por unanimidad el plan del soterramiento del ferrocarril en Alicante. Pese al acuerdo, también en este punto afloraron las diferencias en el gobierno local. El alcalde, en tres ocasiones, negó la petición del concejal de Comercio, Juan Zaragoza, para intervenir en el pleno. Éste ha criticado abiertamente que el plan para enterrar las vías incluya un centro comercial en la nueva estación intermodal.

Blas Bernal, por su parte, destacó su acuerdo con el desarrollo viario y con el proyecto en general, aunque demandó que al menos un 35% de las viviendas que se construyan en los terrenos liberados por Renfe sean VPO.