Justicia pagará las obras con un sistema que el PSC descalificó siendo oposición

El Departamento de Justicia de la Generalitat abonará las infraestructuras que construya en esta legislatura con un sistema de pago que era criticado con dureza por el Partit dels Socialistes (PSC) cuando estaba en la oposición y fue la coalición nacionalista CiU la que lo empleó por primera vez con la prisión de Brians 2, que se está construyendo. Los actuales gestores de Justicia han mantenido esa fórmula para la cárcel y la utilizarán también para la Ciudad Judicial y para los nueve edificios judiciales que el Gobierno catalán aprobó el pasado 26 de octubre.

La fórmula que se aplicará es distinta al modelo clásico de ir pagando la obra mientras se realiza o bien del llamado modelo alemán, en el que se paga cuando se entrega la infraestructura aplicando un tanto por ciento de interés. El nuevo sistema consiste en pagar en un plazo de entre 20 y 35 años, según los casos, a cambio de ceder a la adjudicataria el derecho de superficie del terreno, así como la gestión y el mantenimiento de las instalaciones en algunos casos. La Generalitat no recupera la titularidad del edificio hasta que transcurra ese tiempo y mientras tanto abona anualmente una cantidad en concepto de alquiler que se va revisando con el IPC, por lo que el precio final nada tiene que ver con el importe de licitación.

El ejemplo más claro es la cárcel de Brians 2, que se está construyendo en los terrenos de Can Margarit, en Sant Esteve Sesrovires. En septiembre de 2003 se licitaron las obras por 69,1 millones de euros, pero con una cláusula que establece el pago en 30 años a razón de 6,9 millones anuales más el 2,5% de IPC medio. En su día el PSC puso el grito en el cielo y anunció que las obras acabarían costanto al erario público 303 millones de euros. Incluso presentó un recurso ante la Administración de CiU. Luego vino el cambio político y desistió de ir a los tribunales.

Ciudad Judicial

El consejero de Justicia, Josep Maria Vallès, anunció ayer que ése será el modelo que se empleará cuando la empresa pública Gestión de Infraestructuras, SA (GISA), licite por 54,6 millones de euros los concursos para la construcción de nueve edificios judiciales en el área metropolitana. Ese pago oscilará durante un periodo de entre 20 y 30 años, dependiendo de cada obra. En el caso de la Ciudad Judicial que se levantará entre L'Hospitalet y Barcelona el pago será a 35 años.

Vallès defendió ayer la validez de ese sistema argumentando que se habían introducido fórmulas para que las constructoras asuman un "principio de riesgo" que antes no existía, según el cual las empresas serán las responsables de costear las consecuencias de un servicio deficiente o que no funcione algún día.

El presupuesto de Justicia para el año próximo es de 806,4 millones de euros, lo que representa un aumento del 47,3% con relación a 2004. De esa cantidad, 553,6 millones corresponden a gasto corriente y 252,8 a inversiones. La mayor tajada son los 150,2 millones destinados a nuevas cárceles.