Seguimiento del Pacto
El Pacto Antiterrorista seguirá porque ha demostrado su utilidad, según coincidieron en señalar ayer Rajoy y Rubalcaba, en nombre de PP y PSOE, tras la reunión de la comisión de seguimiento celebrada en el Congreso de los Diputados. La prueba de esa utilidad es que el cambio de Gobierno no ha provocado variación en la actitud de rechazo a cualquier negociación con ETA, última esperanza de la banda para intentar legitimar su pasado y encontrar razones para seguir. El reconocimiento por parte de varios ex dirigentes presos de la "imposibilidad de acumular fuerzas que posibiliten la negociación con el poder central" es la mejor confirmación de que el Pacto ha funcionado en su principal función. Y la admisión por esos mismos etarras de su derrota política demuestra que también ha servido para consensuar medidas de utilidad contrastada.
Las condiciones son hoy diferentes que cuando se firmó, pero, como en su día dijo Zapatero, mientras exista ETA seguirá siendo necesario un acuerdo de este tipo entre los partidos con posibilidad realista de gobernar. Su ampliación a otras fuerzas es una posibilidad, siempre que no implique modificar su contenido esencial. Los nacionalistas vascos ponen pegas o se oponen directamente a algunas de las iniciativas que el Pacto ha hecho posibles y que han sido determinantes en la derrota política de ETA: la eficacia policial, la ilegalización de sus tramas civiles y el rechazo de la negociación. Mientras ésa sea su actitud, es más prudente mantener el Pacto como está e intentar asociar al resto de partidos mediante otros instrumentos de participación, como su presencia en la comisión de secretos oficiales.
En la reunión de ayer, PSOE y PP constataron la existencia de divergencias en relación a cuestiones objetivamente menores, como la posibilidad de que los etarras presos puedan matricularse en la Universidad del País Vasco, además de en la Universidad a Distancia (UNED); y otras de mayor calado pero que no justifican una ruptura, como la derogación comprometida por el Gobierno socialista de las reformas introducidas unilateralmente por el PP en el Código Penal en relación a la convocatoria de referendos y a las subvenciones a partidos ilegalizados. Es más que dudoso que estas cuestiones exijan un tratamiento penal específico; y de todas formas existen procedimientos legales aplicables si se hiciera indispensable.
Una tercera cuestión suscitada ayer fue la de la supuesta vinculación entre el terrorismo islámico y ETA en la preparación de la masacre del 11-M. El Gobierno ha reiterado que no tiene inconveniente en investigar los indicios que puedan aparecer, pero se remite a la opinión profesional de la policía, avalada por la transcripción de diversas grabaciones, de que tales indicios no existen. Resulta llamativa esta obsesión de algunos dirigentes del PP. Aunque se demostrase que hubo contactos entre los islamistas y ETA, ello no justificaría (ni tiene nada que ver con) la actitud de quienes, con los datos que entonces había, mantuvieron la hipótesis de la autoría etarra cuando ya había indicios y luego pruebas que apuntaban en otra dirección.
