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Reportaje:

Uruguay: la izquierda, a prueba

El Frente Amplio se perfila ganador con un mensaje de convergencia entre economía de mercado y políticas sociales

El avance de la izquierda en los Gobiernos del Cono Sur de América Latina recibirá hoy un empujón en Uruguay si, como pronostican las encuestas, el Frente Amplio gana las elecciones presidenciales y da un vuelco histórico al escenario político de este país. El ambiente de victoria es generalizado en las filas de la coalición, que ha realizado una intensa campaña para atraer el voto de los indecisos y lograr la elección de Tabaré Vázquez, médico oncólogo de 64 años, como presidente para los próximos cinco años. El pensamiento político de Vázquez es cercano al de Lula da Silva (Brasil), Néstor Kirchner (Argentina) y Ricardo Lagos (Chile), con lo que su triunfo consolidará el llamado eje progresista suramericano.

El triunfalismo imperante, alimentado por las encuestas, es de tal magnitud que si el Frente Amplio no gana en esta primera vuelta, Uruguay puede entrar en estado de depresión colectiva. A 24 horas de las elecciones pocos hablan de las otras candidaturas. Jorge Larrañaga, del Partido Nacional (Blanco), es una voz en el desierto que asegura que habrá segunda vuelta. Guillermo Stirling, del Partido Colorado (todavía en el Gobierno), no tiene ninguna posibilidad. Otros cinco partidos pugnan por lograr una representación parlamentaria.

El Frente Amplio ha demostrado en la campaña su capacidad de movilización para lograr el objetivo que le fue esquivo en las dos consultas electorales anteriores. En el último acto electoral reunió en el centro de Montevideo cerca de medio millón de personas, en la mayor concentración de la historia. Las banderas tricolores del Frente Amplio ondean estos últimos días en numerosas calles, en las zonas portuarias de Colonia y Montevideo y en el aeropuerto de la capital, para recibir a los uruguayos que residen en el extranjero -unos 30.000, según la Dirección de Migraciones-, que han viajado por tierra, mar y aire para votar. En Uruguay no existe el voto consular o por correo, por lo que casi un millón de ciudadanos quedan fuera del censo electoral de dos millones y medio de votantes.

La expectativa ante un resultado histórico en las urnas convive con las dudas y el recelo que despierta el Frente Amplio en algunos sectores, que desconfían de una coalición de 19 grupos políticos con distintas visiones del mundo. Socialdemócratas, socialistas, comunistas y antiguos guerrilleros Tupamaros (la fuerza con más votos en las elecciones internas) son las agrupaciones del Frente que tienen representación parlamentaria. Bajo el paraguas de la coalición actúan grupúsculos más radicales que están fuera del Parlamento.

"Tienen que probarse en el poder", estima el economista Ernesto Talvi, director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), que se pregunta "quién acabará imponiendo la agenda de gobierno". Si gana el Frente Amplio es altamente probable que predomine la estrategia de moderación por una razón de supervivencia, y porque el margen de maniobra de un Gobierno de izquierda "no es muy amplio", reconoce Danilo Astori, que será el ministro de Economía si gana Vázquez.

"La izquierda latinoamericana está aprendiendo que tiene que compatibilizar sus objetivos sociales con un manejo económico prolijo, sobre todo de las cuentas públicas", señala Astori. "Hay que trabajar con paciencia para ganar confianza", advierte, "como hace Lula en Brasil". El problema es que la difícil combinación de una política que atienda las enormes necesidades sociales de América Latina y no genere inquietud en los mercados provoca frustración en los sectores pobres. En Uruguay la indigencia alcanza el 10%.

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A lo largo de toda la campaña los candidatos del Frente Amplio han buscado transmitir mensajes tranquilizadores a quienes desconfían de un Gobierno de izquierda. El equipo de colaboradores de Danilo Astori se ha reunido con empresarios uruguayos y extranjeros y con los organismos financieros en un trabajo pedagógico para explicar que no hay motivo para la alarma. "Hemos avanzado mucho, porque todos los indicadores económicos señalan que no hay ningún síntoma de preocupación ante el triunfo de la izquierda", advierte. "Los bonos uruguayos se cotizan mejor, el riesgo país ha caído, el tipo de cambio es estable y tenemos un nivel razonable de reservas internacionales".

"Un triunfo del Frente Amplio no me despierta ilusión, pero no me despierta temor". El economista Talvi describe su estado de ánimo con esta frase, que firmarían muchos uruguayos que no piensan votar a la coalición de izquierda. "No me despierta temor porque la alternativa a la ortodoxia económica, es decir, a un manejo prudente de las finanzas del Estado y de la política monetaria, es el caos. Uruguay está muy endeudado y si no logra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y no puede refinanciar su deuda, tampoco podrá colocar títulos en los mercados y caerá en suspensión de pagos".

Uruguay es un país con una economía muy cerrada. La inversión extranjera "supone un 0,5% del producto interior bruto (PIB), la menor de América Latina", según Ernesto Talvi. El Frente Amplio maneja cifras distintas y promete, a través de Astori, abrir la puerta a los capitales foráneos. El objetivo es pasar "en cinco años del 12% del PIB actual al 20%". La herencia que recibirá el nuevo Gobierno es pesada. El sector público está casi cerrado a la inversión privada, faltan grandes proyectos de infraestructura, el régimen tributario tiende a desincentivar la inversión y abunda la burocracia.

Tabaré Vázquez, candidato de la izquierda a la presidencia de Uruguay.
Tabaré Vázquez, candidato de la izquierda a la presidencia de Uruguay.AP

La reforma constitucional preocupa al sector privado

El consorcio Uragua, formado por las empresas españolas Iberdrola (50%), Cartera Uno (35%) y Aguas de Bilbao (13%), que tiene la concesión de los servicios de agua potable en un sector del departamento de Maldonado, ha amenazado con rescindir el contrato y retirarse de Uruguay si el electorado vota hoy a favor de la reforma constitucional que permitiría la nacionalización de los servicios de saneamiento y agua potable.

En un comunicado entregado al ministro interino de Vivienda, Oscar Brum, 48 horas antes de la consulta popular, Uragua anuncia que si la reforma resulta aprobada, iniciará las acciones para la rescisión de la concesión "por imposibilidad legal del cumplimiento del objeto del contrato". Además de elegir al presidente y renovar el Congreso, los uruguayos votarán en plebiscito la reforma de los artículos 47 y 188 y una disposición transitoria que establece que el servicio público de saneamiento y de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados por el Estado.

La iniciativa de la consulta popular partió del sindicato del organismo Obras Sanitarias del Estado (OSE), que recogió las firmas necesarias para la convocatoria del plebiscito. El Frente Amplio y el Partido Nacional (Blanco) apoyan el con matices y aseguran que la reforma no tendrá efecto retroactivo y no significará la rescisión de las concesiones en vigor. No lo entienden así los patrocinadores de la consulta, como Adriana Marquisio y Carlos Sosa, vicepresidenta y secretario general del sindicato de OSE, que acusan a las empresas de incumplimiento de contrato y de cobrar las tarifas más elevadas del país.

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