El trabajador fantasma

Me preguntaba en dónde estaba. ¿Ambulando como un espectro por el desierto de Arizona? ¿Asfixiado en un camión de carga en la llanura texana? ¿Con un pie en el río Grande y otro en el río Bravo? ¿Cavando como topo un túnel entre Tijuana y San Diego?

El trabajador migratorio mexicano era el fantasma de los dos primeros debates entre los candidatos republicano y demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Por fin, el miércoles 13, en la Universidad de Tempe, Arizona, el duende saltó a la palestra. Bob Schieffer, el agudo comentarista de la CBS, lo sacó a relucir, y tanto Bush como Kerry definieron posiciones, una vez más, diametralmente opuestas.

Bush tenía arrumbado el tema. Propuesta central del encuentro Bush-Fox al iniciarse las presidencias de ambos en 2001, el trabajo migratorio fue saliendo de la pantalla a medida que los hechos por todos conocidos -el 11-S, Afganistán, Irak- concentraban la atención de la Casa Blanca. Pero hace tres años, Fox y su equipo -Aguilar Sinzer, Castañeda- consideraban asequible aquello que, entonces, Fox definió no como un problema, sino una oportunidad.

Los hechos son bien conocidos. Los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos son necesarios. Cumplen tareas que, sin ellos, quedarían abandonadas. No le quitan nada a los Estados Unidos. En contra de los argumentos racistas de Huntington, nuestros trabajadores contribuyen con 28.000 millones de dólares a la economía de los Estados Unidos, y en remesas, 6.000 millones de dólares a la economía mexicana, convirtiéndose en el segundo rubro de nuestro ingreso exterior. Pero por encima de los números, éstos son trabajadores, no criminales. Portan derechos humanos. Comunican cultura.

En enero de 2004, el Gobierno de George W. Bush propuso un plan ajustado en su espíritu al clásico gastarbeiter program de la Alemania de la posguerra. En esencia, Bush dirigía su oferta de trabajo a nuevos trabajadores, admitidos a los Estados Unidos bajo condición de que cumpliesen tareas dejadas vacantes por obreros norteamericanos. El plan Bush ponía en manos de los empleadores seleccionar a los trabajadores huésped, quienes permanecerían en los Estados Unidos mientras fuesen empleados por el patrón que los escogió. En efecto, sobre el patrón caía la carga -y el privilegio- de demostrar que ningún obrero norteamericano podía ocupar la plaza ofrecida al mexicano. Ningún trabajador temporal podría permanecer permanentemente en los Estados Unidos, debiendo regresar a su país de origen al expirar su periodo de trabajo en los Estados Unidos.

Las flagrantes deficiencias del plan Bush fueron rápidamente denunciadas por las agrupaciones de defensa del trabajador mexicano. La mayor de todas: dejaba fuera de la ley a los cuatro millones de indocumentados, creando una suerte de limbo y sujetando a ambas clases -los indocumentados y los huéspedes- al capricho y la explotación de los empleadores. Sólo trabajadores que actualmente no están en los Estados Unidos pueden beneficiarse del plan Bush. En consecuencia, los que ya están allí preferirán permanecer en las sombras antes de unirse a un programa que, en efecto, sería una repatriación.

Porque el plan Bush no ofrecía la oportunidad de la residencia permanente. Era una manera de decirle al trabajador: "Queremos tu trabajo, pero no te queremos a ti". Cecilia Muñoz, dirigente de La Raza, lo dijo sucintamente: "Los trabajadores que ya están en Norteamérica difícilmente apoyarán un plan que conduciría a su expulsión". "Es un paso atrás", dijo La Raza.

Lo que hoy podríamos llamar el plan Kerry fue originalmente propuesto por los legisladores Tom Daschle (demócrata) y Chuck Hagel (republicano ilustrado). Se fundamenta en el derecho a la legalización de los indocumentados sin antecedentes criminales, que han vivido cinco años en los Estados Unidos, cuatro de ellos trabajando y pagando impuestos. Para el plan Kerry, los trabajadores temporales pueden cambiar libremente de empleadores -no son cattle, ganado- sin temor a ser deportados. Se trata de graduar la legalización de los trabajadores que ya se encuentran en los Estados Unidos, no de admitir sólo trabajadores temporales sujetos a expulsión si no regresan a México en los plazos concedidos.

El canciller Jorge Castañeda, en su momento, presentó un claro proyecto cuyos pasos serían:

1. Otorgarles a los trabajadores indocumentados el carácter de trabajadores temporales.

2. Con el tiempo, otorgarles estatus de residencia permanente.

3. Eventualmente, darles plena ciudadanía.

El presidente Fox enriqueció la propuesta favorable a la migración pero sujeta a la negociación bilateral, en busca de modalidades de renovación de permisos y su duración, procesos adecuados para acceder a la residencia permanente y ciudadana, criterios para garantizar la unidad familiar e igualdad de derechos laborales.

Nueve serían los temas propuestos a negociación por el Gobierno de México:

1. Seguridad fronteriza.

2. Desarrollo regional en México.

3. Estatus migratorio del trabajador.

4. Mecanismos de salida.

5. Renovación y duración de periodos.

6. Procesos para acceder a la residencia permanente.

7. Respeto a la unidad familiar.

8. Igualdad de derechos laborales.

9. Acelerar la residencia permanente.

Electo Kerry o electo Bush, las duras realidades están allí y deben ser negociadas más temprano que tarde. La frontera entre México y los Estados Unidos tiene un largo de más de 3.000 kilómetros. No puede ser militarizada sin daño irreparable a los derechos humanos y al comercio fronterizo: 300 millones de personas cruzan anualmente la frontera en

actividades que benefician a ambas naciones. Los Estados Unidos deportan a 5.000 mexicanos diariamente -millón y medio anualmente-. Los que permanecen y trabajan, pagan más en impuestos y consumo de lo que reciben en asistencia. Merecen, por lo pronto, la protección consular de las "matrículas" que les dan identidad y defensa (licencia de conducir, acceso bancario). Treinta y dos Estados y 160 bancos de los Estados Unidos aceptan la "matrícula". Es un proceso a defender, proseguir y aumentar, en espera de que una legislación como la propuesta por Daschle y Hagel -y seguramente aceptada por Kerry- formalice aún más los derechos y obligaciones de nuestro trabajador foráneo.

Pero la caridad empieza por casa. Tanto los norteamericanos como los mexicanos estaremos atentos a lo que se haga en México para retener a nuestros trabajadores en condiciones de justicia y de bienestar crecientes. El problema y la oportunidad laborales de México no son sólo un problema y una oportunidad bilaterales; son, en primer término, una obligación mexicana. Crear empleo. Pero en México mayor empleo va asociado a mayor justicia. Nuestros trabajadores no salen a los Estados Unidos sólo por pobreza o desocupación. También los expulsa la injusticia, la ignorancia y la corrupción. Y de eso no podemos culpar a ningún Gobierno de Washington, sino a nosotros mismos.

Carlos Fuentes es escritor mexicano.