Hacer legal lo real
Lo primero que hay que resaltar del nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería que prepara el Gobierno es la forma de elaborarlo, de acuerdo con empresarios y sindicatos. No es todavía el consenso propugnado por Zapatero para perfilar una política de inmigración estable y al margen de la lucha partidaria, pero es un paso en esa dirección. Rompe, en todo caso, la práctica seguida por el anterior Gobierno de abordar en solitario esta compleja cuestión. Constituye, por ello, un hecho novedoso que el PP, por boca de su responsable de Política Social, Ana Pastor, se muestre ahora abierto a considerar la inmigración como un "tema de Estado".
El nuevo reglamento, pendiente de aprobación, desarrolla la tercera versión reformada de la Ley de Extranjería, llevada a cabo con algunas aportaciones del PSOE. Pero es evidente que se trata de la legislación básica sobre inmigración propugnada por el PP y que el Gobierno socialista intenta reorientar. La apuesta del anterior Ejecutivo por una inmigración legal y ordenada, aunque en gran medida fracasada, sigue siendo políticamente válida. De ahí que el reglamento busque perfeccionar y agilizar administrativamente los tres instrumentos básicos de contratación en origen -régimen general, contingente anual y trabajos de temporada-, sin descuidar las vías extraordinarias -razones humanitarias y arraigo por estancia o por trabajo- que en determinadas circunstancias pueden dar opción al inmigrante a regularizar su situación.
La enorme bolsa de inmigrantes sin papeles -entre 600.000 y 800.000, según un reciente informe de la ONU- se explica en gran medida por el fracaso de la inmigración legal. El acuerdo con empresarios y sindicatos era, por tanto, imprescindible para dar una salida a esta situación, rechazable desde consideraciones humanitarias y económicas.
El nuevo reglamento prevé un periodo transitorio de tres meses para que los inmigrantes con un contrato de trabajo de al menos seis meses puedan obtener papeles. Es un supuesto que el PP también barajó en su día y que el Consejo Económico y Social propuso como "uno de los mecanismos individuales de regularización". Pero al aplicar la medida de golpe a un número ingente de inmigrantes -quizá 200.000- adquiere el carácter de regularización masiva y extraordinaria. Que no se repita en el futuro dependerá de que se controlen con efectividad las fronteras y las mafias y funcionen las vías de inmigración legal.
