El Gobierno expedienta a 24 números de información telefónica

La liberalización del servicio de información que prestaba en monopolio Telefónica (1003) se ha convertido en una vía de fraude. La mejor prueba es que el Gobierno ha incoado expedientes sancionadores a 24 de las 53 compañías que prestan ahora este servicio mediante los números de cinco dígitos que empiezan por 118. La mayor parte de las denuncias son por no informar a los usuarios del coste de las llamadas.

Si usted es un usuario habitual de los números de información telefónica, los que comienzan por 118, tenga cuidado. Casi la mitad de ellos no cumplen con la ley. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio anunció ayer la apertura de procedimientos administrativos sancionadores a 24 de los 53 operadores que ofrecen este tipo de servicios. Las dos principales irregularidades detectadas son que las compañías no informan a sus clientes ni del precio de las llamadas ni de la identidad de la empresa que presta el servicio.

Aunque Industria no ha informado de los números expedientados, la Federación de Consumidores en Acción señaló en un comunicado que entre los denunciados están las líneas 11811, 11812, 11817, 11818, 11819, 11822, 11824, 11838, 11840, 11843, 11844, 11850, 11858, 11868, 11869, 11876 y 11881. El negocio de la información telefónica mueve anualmente más de 150 millones de euros al año, según los datos del sector.

El 4 de abril de 2003 se ponía fin a uno de los últimos monopolios de Telefónica: el servicio de información a través del 1003. Desde entonces 53 empresas han conseguido la autorización para prestar este servicio mediante números que comienzan por 118.

Varios llamamientos

El precio de este tipo de llamadas -ya liberalizado con la excepción del 11818 que ha sustituido al 1003 de Telefónica- se ha disparado en la mayor parte de los casos. Las diferencias de tarifas, según el número que se marque, son tan abultadas que se llega a pagar hasta cinco veces más por una llamada similar.

La situación de fraude llegó a tal extremo que la propia Comisión del Mercado de Telecomunicaciones hizo un llamamiento a las empresas en octubre de 2003 para que cumplieran la ley. Pero fue en vano. Así que el propio Ministerio de Industria tomó cartas en el asunto y, en julio pasado, revisó las condiciones necesarias para la prestación del servicio de consulta telefónica con una orden ministerial que entró en vigor el 21 de septiembre pasado.

No obstante, tras el último control realizado en septiembre, el departamento que dirige José Montilla ha descubierto que casi la mitad de los operadores incumplía alguno de los nuevos requisitos. Estas normas incluyen la obligación de ofrecer a los usuarios, para todas las llamadas, una locución telefónica que informe del precio del servicio y del nombre completo de la empresa o denominación social.

Asimismo, establece que no se podrá empezar a cobrar el servicio al usuario hasta tres segundos después de que le sea suministrada la citada información, cuya locución debe tener una duración de ocho segundos.