El juez envía a prisión a los 10 islamistas, pero no por terrorismo
El magistrado les imputa falsedad de documentos y tráfico de drogas
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno envió ayer de madrugada a la prisión de Soto del Real (Madrid) a los 10 detenidos en Barcelona a los que en principio se vinculaba con una célula de terrorismo islámico. El magistrado, sin embargo, no ha apreciado ninguna vinculación de los detenidos con organizaciones terroristas de corte integrista islámico, aunque ha ordenado que se siga investigando este extremo. Mientras tanto, ha decretado la prisión incondicional para todos ellos por presuntos delitos de falsificación de documentos y por delito contra la salud pública.
Los detenidos, en su mayoría paquistaníes, fueron arrestados en dos pisos de Barcelona en el marco de una operación antiterrorista realizada por los Mossos d'Esquadra en la que se intervinieron numerosos vídeos y libros en árabe, en algunos de los cuales se mencionaba a Bin Laden.
La operación se gestó en pesquisas anteriores, en las que los Mossos d'Esquadra habían investigado a un grupo de delincuencia organizada, dedicado a falsificar tarjetas de crédito, desbloquear teléfonos móviles, falsificar DVD y vídeos. Los investigadores sospechaban que las ganancias obtenidas por esos procedimientos delictivos habrían servido para financiar a grupos fundamentalistas.
El juez Moreno, que previamente decretó el secreto del sumario, concluyó los interrogatorios pasadas las cinco de la madrugada.
Competencia dudosa
En sus respectivas declaraciones, los arrestados negaron tener relación alguna con elementos u organizaciones terroristas e incluso con cualquier actividad delictiva.
Sus explicaciones, sin embargo resultaron poco convincentes. Para explicar los numerosos pasaportes falsificados que se encontraron en su poder, los arrestados señalaron que por los pisos de Barcelona pasaban numerosos compatriotas y que en ocasiones se olvidaban la documentación. Tampoco pudieron explicar que se les haya intervenido una cantidad de heroína superior a los 100 gramos, es decir, que excede la considerada destinada al propio consumo.
El hecho de que la vinculación con organizaciones terroristas aparezca como "muy forzada", determina que la competencia de la Audiencia Nacional para instruir el proceso sea cuando menos dudosa, según informaron fuentes jurídicas. Los delitos de falsificación de documentos y contra la salud pública, es decir, el tráfico de drogas, no son competencia de la Audiencia Nacional, salvo que se trate de crimen organizado y que los delitos se hubieran cometido en los territorios de más de una audiencia (al menos en dos provincias).
Por ello, salvo que posteriormente aparezca algún vínculo con organizaciones terroristas, el juez tendrá que remitir las actuaciones a los juzgados de Barcelona, donde ocurrieron los hechos.
Por otro lado, en medios jurídicos y periodísticos ha causado preocupación el hecho de que el juez Ismael Moreno haya incumplido de nuevo el Protocolo de Comunicación de la Justicia, aprobado por el pleno del Consejo General del Poder Judicial el pasado 7 de julio, al no haber proporcionado las identidades de los 10 ciudadanos de origen paquistaní cuya prisión decretó.
