Escaramuza judicial

Los abogados querellantes y defensores de Pinochet en el proceso por los crímenes de la Operación Cóndor entablan una verdadera escaramuza judicial. Mientras la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones santiaguina resuelve sobre la petición de inhabilitación del juez Juan Guzmán que llevó a cabo la defensa, los querellantes pedirán a la magistrada que queda temporalmente a cargo en su reemplazo realizar el interrogatorio.

Pero entrar en los pormenores del caso lleva tiempo. El segundo round jurídico para lograr interrogar a Pinochet fue ganado por la defensa, después de la acelerada resolución de ayer en la Corte. Pero todo indica que Pinochet finalmente no podrá eludir el interrogatorio, sea Guzmán u otro juez quien lo practique, sobre todo después de que fuera interrogado en el caso de las cuentas secretas por el juez Sergio Muñoz, demostrando que no hay razones reales de salud que impidan realizar esta diligencia. La expectativa de los abogados querellantes es que inmediatamente después del interrogatorio, el juez procese a Pinochet por la Operación Cóndor, ordene su detención domiciliaria, el embargo cautelar de sus bienes y que al reo le tomen fotos de frente y perfil y sus huellas dactilares.

Si Guzmán no da estos pasos, "se los pediremos", dice el abogado querellante Eduardo Contreras. "Estamos dando una batalla por la verdad", afirma Contreras, uno de los abogados que ha estado en los dos desafueros de Pinochet, "porque la de la imagen la ganamos hace tiempo". Sostiene que la aspiración de los querellantes tiene un "sentido más ético que penal, para poner las cosas en su lugar, que los jóvenes y los militares que no lo vivieron sepan lo que pasó".

Al ex dictador le queda todavía un recurso, pero extrajudicial: una enfermedad suya diferiría la declaración indagatoria.