La SEPI inicia la búsqueda de inversores privados
Una vez que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha dado el pistoletazo de salida para resolver la crisis de los astilleros públicos, las negociaciones se abren en varios frentes. El primero, y el que determinará el verdadero calado social del problema, se librará con los sindicatos. En segundo lugar, serán los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos de las localidades afectadas los que ejercerán su particular grado de presión política con la que ya cuenta la SEPI. Pero el plan, "realista y riguroso para salvar una situación delicada", en palabras del presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles, también se centra en la búsqueda de un banco de inversión que será el que movilice a los inversores privados que estén interesados en comprar los astilleros civiles y cuya supervivencia ahora es difícil, a juicio de Martínez Robles.
Según el plan entregado por la SEPI a los sindicatos, "la hipótesis de continuidad de la estructura actual de Izar, con las perspectivas del mercado civil, llevarían a niveles de pérdidas del rango de entre 150 y 200 millones de euros anuales, por lo que la quiebra de la compañía sería inevitable, con independencia de la exigencia comunitaria de la devolución de ayudas". Estas ayudas deben devolverse al principal accionista que es la SEPI, según establece la normativa comunitaria.
Concentración
Tanto la SEPI como los sindicatos saben que el plan propuesto por los responsables del grupo público es un esqueleto que debe llenarse de músculo mediante la negociación. La SEPI se niega a aportar más datos sobre el plan (segregación de los centros de Ferrol, Cartagena, Puerto Real y Cádiz, dar entrada al capital privado, garantizar los derechos de los trabajadores y cumplir los compromisos con terceros), aunque en la filosofía del texto se halla que se buscará una concentración geográfica de centros para salvar el mayor número de centros y empleos posibles.
Los cuatro centros que serán segregados en la nueva empresa suman 4.559 empleos, que es la base de empleo a la que se pueden sumar plantillas de centros cercanos. En cualquier caso, se espera que pueda aplicarse un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría a todas las plantas. Asimismo, algunos trabajadores de centros civiles podrían trasladarse a militares. Puede ocurrir en Fene, donde algunos de sus 1.014 empleados podrían pasar a Ferrol, y en San Fernando (Cádiz), que ha pasado de ser militar a civil, donde algunos de los 732 trabajadores podría trasladarse a Puerto Real.
