Dineros de los partidos

Los socialistas anuncian un nuevo intento de reforma de la ley de financiación de los partidos. El Tribunal de Cuentas denuncia cada año los incumplimientos de la actualmente vigente, de 1987, y pide al Parlamento que modifique la norma para regular prácticas que se han hecho habituales pese a no estar previstas en la misma, como la financiación paralela por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas o a través de los fondos recibidos por las fundaciones ligadas a los partidos. El Tribunal también ha constatado la condonación por las buenas de intereses de préstamos bancarios a los partidos y la superación por algunos de ellos de los topes máximos de donaciones privadas anónimas permitidos por la ley. Su reforma, pendiente desde hace una década, fue un compromiso de Aznar en su investidura de 2000, y figura también en el programa con el que ganó Zapatero en marzo pasado.

Si los intentos anteriores fracasaron fue sobre todo por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre la prohibición o no de las donaciones anónimas, por una parte, y de las realizadas directamente por empresas mercantiles, por otra. Sobre esto último, la ley de 1987 circunscribe la prohibición a las empresas que mantengan relaciones de suministro, obra o prestación de servicios con alguna Administración pública. La izquierda sostiene que, incluso sin existir tales relaciones, sería inevitable que la opinión pública interpretase esas donaciones como un pago a cambio de trato de favor en asuntos fiscales o de otro tipo. Sin embargo, el argumento serviría igualmente para las donaciones de particulares que sean propietarios de algún negocio. Lo esencial en ambos casos sería, por tanto, la transparencia: que a partir de cierta cantidad, el público pueda conocer la identidad de los donantes.

Por negarse a revelar la de quienes contribuyeron a sanear las finanzas de su partido tuvo que dimitir hace cuatro años como presidente honorario de la CDU el ex canciller Helmut Kohl. La ley española no prohíbe las donaciones anónimas, pero marca un límite máximo de lo que por esa vía puede recibir cada partido. Un límite un tanto arbitrario: el 5% del total de financiación pública a cargo del Estado, que suma actualmente 58 millones de euros. Han sido tradicionalmente los partidos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco los que se han opuesto con más fuerza a la prohibición de las donaciones anónimas, alegando que la mayoría de los donantes exigen reserva de identidad. Entre CiU y el PNV recibieron entre 1992 y 2001 -último año auditado- más de 36 millones de euros, el 60% de todas las donaciones privadas a los partidos, en su mayoría anónimas. El PP recibió en ese periodo, según el Tribunal, 20,4 millones de euros, 10 veces más que el PSOE.

Desde la derecha se ha criticado la desconfianza excesiva en la financiación privada que trasluce la ley actual, que hace a los partidos demasiado dependientes del Estado. La izquierda argumenta que una financiación primordialmente privada agravaría la desigualdad de oportunidades, dado que el capital suele tener interés en que gobiernen los conservadores. De todas formas, en 1995 llegó a existir un acuerdo entre PP y PSOE sobre la base de suprimir las donaciones anónimas, pero aumentar el tope de lo que cada particular pudiera donar al año. El acuerdo no prosperó entonces por la oposición de los nacionalistas y porque la convocatoria de las elecciones hizo que los partidos pasaran a ocuparse de otros asuntos.