Zapatero convoca a todas las autonomías para debatir la reforma de los estatutos y la Constitución

Para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha llegado el momento de establecer un mecanismo para que las autonomías se relacionen entre sí y éstas con el Gobierno central. Esta necesidad es urgente por cuanto que en España va a comenzar un proceso de reformas de estatutos y su traducción en la Constitución. La creación de la Conferencia de Presidentes, que se inaugurará en noviembre, será el marco para hacerlo. El Gobierno ha remitido a los jefes de los Ejecutivos autónomos un cuestionario cuyas respuestas sentarán las bases para definir ese nuevo órgano de la España autonómica.

Todo está por hacer y por decidir respecto a qué será esa Conferencia de Presidentes que el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, no sólo incluyó en su programa electoral, sino que defendió en todos los mítines de la pasada campaña electoral. La falta de comunicación y cooperación de presidentes autonómicos entre sí y de éstos con el Gobierno central se le antojaba a Zapatero una anomalía que debía solucionarse.

En la primera quincena de septiembre, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, confía en tener sobre su mesa la respuesta de los 17 presidentes de comunidades autónomas, más los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a un documento en el que les pide opinión para poner las bases de la futura Conferencia de Presidentes, cuya primera reunión pretende celebrar en el mes de noviembre.

Aunque entre todos se delimitará y dará contenido a las funciones de esta conferencia, desde el Gobierno se apunta a que puede ser el foro en el que se debata "el modelo de distribución territorial del poder", empezando por las reformas estatutarias que la mayoría de las comunidades autónomas pondrá en marcha. En esa primera reunión de noviembre el presidente del Gobierno pretende que todos los presidentes expresen su opinión sobre cómo debe producirse este proceso que marcará esta legislatura, según fuentes gubernamentales. Estos interlocutores precisan que es hora de hacer visible lo que es una realidad legal y constitucional, cual es que las comunidades autónomas son también Estado.

Pero antes de la reunión inaugural de noviembre, el ministro de Administraciones Públicas sugiere en carta a los presidentes que a finales de septiembre se celebre una reunión con los consejeros de Presidencia, los vicepresidentes, o quien estime oportuno el propio presidente, para "ordenar las reflexiones estatales y autonómicas que suscite la puesta en marcha de la conferencia", escribe el ministro.

Todos son Estado

Los asuntos que les expone y sobre los que espera respuesta comienzan por la propia naturaleza de esa conferencia. Si debe tener carácter exclusivamente vertical, es decir, formada por el presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos o si también puede haber, en algún momento de sus reuniones, un carácter horizontal, sólo presidentes autonómicos. El segundo asunto sobre el que pide opinión es elaborar la agenda de la Conferencia. Después se debe establecer el instrumento jurídico que institucionalice este nuevo órgano. Por último, hay que dar respuesta a la relación de esta conferencia con las reuniones sectoriales.

El ministro de Administraciones Públicas traslada a las comunidades autónomas el interés en conocer sus criterios sobre "la forma y elementos a emplear para precisar los temas susceptibles de tratamiento por la Conferencia de Presidentes". Es decir, se debe delimitar el ámbito de trabajo y la concreción "de su vinculación con temas o cuestiones de Estado".

La necesidad de que en esa conferencia se traten "temas de Estado" supone para el Gobierno que preside Rodríguez Zapatero algo natural que debería suponer una práctica habitual desde siempre. "Todos somos Estado", señalan en el Gobierno y esa parte que reivindica el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, es la que con más énfasis se defiende en el Gobierno central y en el PSOE. "Yo soy también Estado". Esta proclamación la han hecho durante años el presidente de Andalucía, Manuel Chaves; de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y José Bono, entonces jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha. Esta bandera la ha recogido el actual presidente castellano-manchego, José María Barreda, y los de Aragón, Marcelino Iglesias, y Asturias, Vicente Álvarez Areces.

Estos presidentes socialistas y los del PP deben precisar en su respuesta al documento de Sevilla su opinión sobre la composición y la organización interna de la Conferencia de Presidentes. Por ejemplo, si sólo los presidentes forman parte de la Conferencia o podría ser que otras autoridades participen excepcionalmente para un debate concreto.

La puesta en marcha de la Conferencia de Presidentes culminaría el actual sistema de órganos multilaterales de colaboración, en especial el que representan las 27 conferencias sectoriales existentes. Desde que el Estado autonómico fue una realidad en España se han celebrado más de 650 reuniones.

Pero en la definición de la Conferencia de Presidentes, el Gobierno llama la atención sobre el peligro de que se caiga en duplicidades y que algunas comunidades tengan la tentación de trasladar a la conferencia asuntos que son propios de las reuniones sectoriales. Por tanto, se trata de buscar la compatibilidad de ambos órganos.

El Gobierno sugiere que las decisiones estatales de gran calado correspondan a la Conferencia de Presidentes. Por otro lado, el debate especializado de cuestiones concretas, "serían materia de las conferencias sectoriales.".

Los presidentes autonómicos tienen la palabra de cómo quieren que sea su foro de debate y discusión.