La Generalitat reconoce que 28 presos de Quatre Camins sufrieron malos tratos

El Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña admitió ayer la posibilidad de que 28 presos de la cárcel de Quatre Camins sufrieran malos tratos de los funcionarios de esa y otras cárceles cuando fueron trasladados tras el motín del pasado 30 de abril, en el que fue herido de gravedad un subdirector. Por ese motivo y ante la existencia de un presunto delito, la Administración catalana ha decidido remitir el caso a la fiscalía, aunque por el momento no ha adoptado ninguna medida cautelar contra esos funcionarios.

La decisión de la Generalitat catalana se produce dos meses después de tramitar una información reservada tras el motín del 30 de abril ocurrido en el módulo 1 de la prisión de Quatre Camins, situada en el municipio barcelonés de La Roca del Vallès, en el que fue herido de gravedad el subdirector de régimen interno Manuel Tallón. Tres horas después de acabar esos incidentes, que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Granollers, fueron trasladados de prisión 56 presos, 40 de los cuales habían tenido una participación activa en los hechos.

La información que abrió la Generalitat incluye las declaraciones de los reclusos, en las que explican con detalle las supuestas palizas. En algunos casos se trata de relatos desgarradores que narran apaleamientos durante días, estando esposados y medio desnudos, y en celdas de aislamiento. Otros presos han explicado también que, estando inmovilizados, fueron arrojados por unas escaleras. Ayer, la Generalitat admitió que existen 20 partes de lesiones de otros tantos internos antes de abandonar la cárcel de Quatre Camins en la madrugada del 1 de que mayo, "en la mayoría de los casos consistentes en contusiones, hematomas o heridas incisas", y que igualmente hay otros ocho partes de lesiones que se redactaron al apreciarse supuestas palizas a internos cuando ingresaron en las prisiones de Brians y Modelo, en Barcelona, y Ponent, en Lleida, o durante su estancia allí.

"Lesiones incompatibles"

"Se trata de lesiones incompatibles con un uso adecuado de los medios coercitivos por parte de los funcionarios", declaró ayer de manera eufemística el consejero de Justicia catalán, Josep Maria Vallès, quien insistió en que se trata de "episodios aislados" y "prácticas individualizadas" que no afectan al conjunto de los 3.000 funcionarios penitenciarios que hay en Cataluña. "Son casos aislados que igual pueden darse entre 3.000 profesores, 3.000 conductores de autobuses o 3.000 periodistas", precisó el consejero.

La resolución de la Generalitat señala a los responsables del traslado de los presos -el subdirector médico de Quatre Camins, el subdirector de régimen, dos jefes de centro y un jefe de servicios identificados por su número de funcionario-, pero precisa que no se ha podido identificar al resto de los funcionarios que participaron en los hechos. En la resolución administrativa por la que se envían los hechos a la fiscalía, que ayer firmó el secretario de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, Albert Batlle, se admite que se produjo un "descontrol" a las puertas de la cárcel que derivó en la entrada de funcionarios fuera de servicio y procedentes de otras prisiones que también pudieron participar en los hechos.

La Generalitat no ha adoptado ninguna medida contra ellos, a la espera de que finalice la investigación interna. Este hecho fue criticado ayer por Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal de la Universidad de Barcelona, la primera entidad en denunciar las palizas y que se entrevistó con los presos afectados. "Es inadmisible que estos altos cargos sigan trabajando si se está diciendo que fueron los responsables de los traslados", aseguró Rivera.

"La decisión de enviar el caso al fiscal está muy bien y nadie cuestiona la presunción de inocencia de estas personas, pero hacen falta medidas cautelares y sancionadoras contra ellos", añadió. Iñaki Rivera recordó que durante el Gobierno de CiU, siendo director de Prisiones Ignasi García Clavel, la Generalitat catalana suspendió de forma cautelar a varios funcionarios, incluido un subdirector, mientras la justicia investigaba algunos casos de malos tratos.

Por su parte, Ester Capella, presidenta de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas, otra de las entidades que denunciaron los hechos, aseguró: "Si se ha llegado a la conclusión de que hubo malos tratos, es el momento de empezar a señalar a los autores". Capella recordó que "los presos sólo están privados de libertad, de nada más, y lo que denuncian tiene la misma presunción de veracidad que lo que declare cualquier ciudadano". Por eso reclamó "contundencia" a la Administración "teniendo en cuenta que es un Gobierno que se dice catalanista y de izquierdas, y que ha de ser inflexible ante la sospecha de vulneración de los derechos humanos en las cárceles".