Dificultades políticas y económicas

Desde las filas de la oposición, Ana Palacio, ministra de Exteriores en el último Gobierno del Partido Popular, tiene confianza en que, precisamente porque empieza a resultar inaplazable, pueda llevarse a cabo ahora una reforma del servicio exterior que ella misma no logró abordar entre otros motivos, señala, porque ya estaba avanzada la legislatura cuando entró en el Gabinete. Y promete "colaborar en todo lo que pueda".

Palacio señala dos dificultades previas. La primera es política, y consiste en la necesidad de delimitar, a través de una ley de la acción exterior del Estado, las funciones que corresponden al Gobierno y las comunidades. La segunda es la falta recursos.

Su promesa de cooperación queda sujeta a "algunas matizaciones", empezando por la reestructuración y agilización del gasto, sin que deje de estar controlado, un objetivo que Palacio comparte con Cardona, pues sabe por experiencia que las normas ponen a veces condiciones burocráticas imposibles de cumplir en países subdesarrollados.

En materia de personal, Palacio apunta a la necesidad de "un cuerpo intermedio" entre el diplomático y el de los funcionarios de base, para facilitar el desarrollo de la plantilla, y advierte contra la eventual supresión del bombo, el sistema de reparto de promociones entre los diplomáticos.

La ex ministra considera irrenunciable fundir las carreras de diplomáticos y técnicos comerciales. Por dos razones: porque así "se incrementaría la plantilla automáticamente", y porque el jefe de una misión diplomática debe tener la plena dirección de todos sus miembros.

En general, en el ámbito de la acción exterior española, las intenciones reformistas del nuevo Gobierno han sido acogidas positivamente. Eduardo de Laiglesia, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), que aglutina al 10% de los miembros de la carrera, confía en que esta vez cuaje una reforma "intentada ya varias veces" sin éxito, y considera una garantía la personalidad de Moratinos, con quien ya se ha entrevistado. No quiere entrar en detalles, pero advierte contra cualquier intento de unificación del cuerpo diplomático y el de los técnicos comerciales del Estado: "Integración, sí; unificación, no".

Para Javier Viúdez, presidente ejecutivo de la Asociación Progresista de la Política Exterior, conocida como Exteriores 21 y nacida en ambientes próximos al PSOE para analizar y reformar la acción exterior española para acercarla al servicio del ciudadano, la unificación de las dos carreras ni siquiera se plantea como problema, pues "ha dejado de ser necesaria". "Los comerciales ya salen a las consejerías de embajada", afirma este portavoz, tras insistir en que "cualquiera puede participar hoy en la acción exterior del Estado".

Exteriores 21 ve también con buenos ojos un proyecto de reforma que, "sobre todo", según Viúdez, "deberá redefinir objetivos y planificar estrategias para que la acción exterior funcione como auténtico servicio público, y no como un área donde una élite hace política exterior".

Pablo Araújo, secretario general de la Federación del Exterior de UGT, insiste por su parte en la necesidad de que "los derechos de los trabajadores del ministerio, las embajadas y los consulados se negocien sindicalmente con mentalidad democrática".