El Gobierno ataca la violencia doméstica con medidas penales, sociales y educativas
El anteproyecto endurece las penas y garantiza el subsidio de paro a las víctimas
La lucha contra los malos tratos a mujeres recibió ayer un espaldarazo del Gobierno. El Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley orgánica que recoge una amplia batería de medidas judiciales, sociales, laborales y educativas para hacer frente a una lacra que el año pasado costó la vida a 70 mujeres en España. Para ello decidió endurecer las penas contra los maltratadores (las lesiones pasan a ser castigadas con penas de hasta cinco años), crear juzgados especializados contra este tipo de violencia, implantar una asignatura de Ética e Igualdad entre Hombres y Mujeres en 4º de ESO (obligatoria y evaluable) y garantizar el subsidio de paro a las maltratadas.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, definió ayer la reforma como una "rebelión de toda la sociedad contra la lacra" de la violencia sobre las mujeres. La futura ley, que tendrá un coste anual entre los 50 y 80 millones de euros, será aprobada presumiblemente por el Parlamento antes de fin de año. Uno de sus pilares radica en la protección laboral que se dispensará a las mujeres acogidas a una orden de protección. Éstas tendrán derecho a reducir el tiempo de trabajo, a pedir la movilidad geográfica, así como a la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo y con derecho a la protección por desempleo.
En el terreno educativo, la futura ley establece que los contenidos de igualdad sean objetivos de cumplimiento obligatorio desde la educación infantil hasta el bachillerato. La reforma suma, además, programas de rehabilitación en cárceles para los maltratadores (que se tendrán en cuenta a la hora de conceder permisos) y restricciones a la publicidad vejatoria hacia las mujeres. En el terreno judicial, además de la creación de juzgados y fiscalías especializados, se garantiza en los procedimientos la intimidad de las víctimas y la de sus hijos.
El PP calificó la norma de "decepcionante" y criticó sus "lagunas en la protección física de las víctimas". Las asociaciones de mujeres, que se reunirán próximamente con el presidente del Gobierno, apoyaron el texto.
