El Gobierno central pagará a Andalucía la deuda de la financiación en plena campaña europea

El Gobierno central liquidará la deuda contraída con Andalucía por el modelo de financiación autonómica, vigente en el quinquenio 1997-2001, "posiblemente antes del 1 de junio", es decir, en plena campaña electoral al Parlamento europeo, cuyos comicios se celebrarán el 13 de julio. El consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, dio ayer esa fecha en el Parlamento durante el debate de una interpelación del portavoz del PP, Antonio Sanz, quien desde la tribuna relató un supuesto "catálogo de renuncias" del nuevo Ejecutivo andaluz desde que tomó posesión hace un mes.

Griñán debutó ayer en la sesión de control al Gobierno, tras 13 años ausente del Parlamento andaluz, y sus primeras palabras fueron para recriminarle a Antonio Sanz el "catastrofismo" de su intervención. El popular, al igual que ha hecho en otros muchos plenos en la anterior legislatura, hiló su intervención sobre el argumento principal en el que parece que el PP va a hacer girar su oposición en los próximos cuatro años: El Gobierno de Chaves ha "renunciado" a sus reivindicaciones ante Madrid y está escribiendo "la historia de un fraude" tras ocho años de enfrentamiento con el anterior Ejecutivo del PP.

El consejero de Economía y Hacienda negó la mayor y reiteró que la Junta mantendrá vivas "todas" las reclamaciones que le plantearon al Gobierno conservador. Sobre el catálogo "de renuncias" expuesto por Sanz, en el que se recogen hasta 20 peticiones planteadas por los socialistas andaluces a Aznar, Griñán lo describió como un "magnífico recuento" de los "estropicios" que hizo Aznar y que "va a tener que pagar Rodríguez Zapatero". El titular de Economía dio por hecho que el acuerdo sobre la liquidación de la deuda por el anterior modelo de financiación, que ultiman los técnicos de ambas administraciones, alcanzará los 2.500 millones de euros y que se pagarán "posiblemente antes del 1 de junio" con cargo a los presupuestos de 2004. El presidente de la Junta había dado como fecha tope para el pago la del 30 de junio.

Sobre la financiación de la comunidad, pero en torno a la llamada deuda histórica, se pronunció Manuel Chaves a una pregunta del viceportavoz de IU, Pedro Vaquero. Chaves afirmó que este precepto estatutario debe abordarse en el seno de las negociaciones sobre el nuevo modelo que se desarrollen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están presentes todas las comunidades, aunque no descartó abrir una "vía bilateral" para tratar "este hecho diferencial andaluz".

La policía autonómica fue el asunto que eligió el portavoz andalucista, José Calvo, en la sesión de control al presidente. Calvo le preguntó de manera escueta y tajante cuándo iba a mandar al Parlamento la ley de creación de la policía andaluza, que entró a finales de la legislatura pasada sin tiempo para su tramitación. "Hay circunstancias sobrevenidas, pero mi propósito es enviar con tiempo suficiente para poder ser debatida y aprobada en esta legislatura", dijo Chaves sin querer fijar una fecha.

La respuesta provocó la "insatisfacción" del andalucista, quien recordó que esa respuesta "es la misma" que le dio en octubre de 2001 por lo que mostró su desconfianza de que el Gobierno andaluz vaya a cumplir el compromiso. En la réplica, Chaves explicó que necesita "tiempo" para negociar el proyecto con el Ministerio del Interior, si se busca una policía autonómica con competencias en materia de seguridad ciudadana y tráfico, para lo que es "importante" acordar las fórmulas de financiación.

Para su debú en las cuestiones a Manuel Chaves, la presidenta del grupo popular, Teófila Martínez, escogió la suspensión del trasvase del Ebro, contemplada en el Plan Hidrológico Nacional. Martínez criticó el cambio de posición del socialista, cuando en 2001 apoyó el polémico trasvase para paliar el déficit hídrico de Almería "antes de que Maragall y Carod Rovira le taparan la boca". Chaves cuestionó la viabilidad del plan hidrológico elaborado por el PP, defendió la bondad de la alternativa de desalobradoras presentada por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y calificó de "cansino" el argumento de que su partido se pliega a las directrices del secretario general de Ezquerra Republicana.