Las listas que no respeten la paridad de sexos no podrán concurrir a las elecciones
El borrador de la ley de Igualdad introduce esa exigencia para el Parlamento y las Juntas
Los partidos y agrupaciones que no cuenten en sus candidaturas con igual número de hombres y mujeres no podrán concurrir en el futuro a las elecciones al Parlamento vasco y a las Juntas Generales de las tres provincias. Ésta es una de las medidas más destacadas incluidas en el borrador del anteproyecto de ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, aprobado el pasado 13 de mayo por el Consejo de Dirección de Emakunde, bajo la presidencia del lehendakari, Juan José Ibarretxe. El texto, difundido ayer por Emakunde, incluye la creación de la figura de un Defensor de la Igualdad y una importante batería de medidas de ayuda a las víctimas de los malos tratos. Tras su próxima aprobación por el Consejo de Gobierno, será remitido al Parlamento vasco para su tramitación como proyecto de ley.
Hasta el momento sólo dos comunidades autónomas, Castilla-La Mancha y Baleares, disponen de leyes que establecen la paridad de sexos en las listas electorales. Ambas fueron recurridas en su momento por el Gobierno del PP ante el Tribunal Constitucional y figuran ahora entre los recursos que el PSOE quiere retirar. Antes de hacerlo, el Ministerio de Administraciones Públicas propone modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
La paridad electoral, un objetivo largamente demandado por los colectivos feministas, figura en las disposiciones finales del borrador del anteproyecto de ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres como modificación de la Ley de Elecciones al Parlamento vasco de 1990. "Las candidaturas que presenten los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de personas electoras estarán integradas por al menos un 50% de mujeres", establece. Lo mismo se indica para las Juntas Generales.El borrador ata además en corto a los partidos s para que no puedan eludir el compromiso con la igualdad de sexos. "Se mantendrá esa proporción [de al menos un 50% de mujeres] en el conjunto de la lista de candidatos y candidatas y en cada tramo de seis nombres", precisa, para añadir: "Las Juntas Electorales del Territorio Histórico competentes sólo admitirán aquellas candidaturas que cumplan lo señalado en este artículo tanto para las personas candidatas como para las suplentes". Lo mismo se aplicará, según el texto, en las listas para concurrir a los comicios forales.
Esta medida es una de las mayores novedades que plantea el anteproyecto de Ley para la Igualdad de Hombres y Mujeres, que Ibarretxe prometió aprobar antes de que finalizara la legislatura. Pero no la única destacable. El texto establece la creación de la figura de un defensor o defensora de la Igualdad entre Hombres y Mujeres, para amparar a "los ciudadanos y ciudadanas ante situaciones de discriminación por razón de sexo" tanto en la Administración como en el ámbito privado. El defensor funcionará con "plena autonomía" y "sin sujección a vínculo jerárquico alguno ni a instrucciones de ninguna clase". Esta figura institucional, que realizará investigaciones, emitirá recomendaciones, asesorará a los ciudadanos y elaborará propuestas de legislación y de reforma normativa, será nombrada por el lehendakari a propuesta de la mayoría del Consejo de Dirección de Emakunde para un periodo de cinco años. Tendrá capacidad para designar personal de su confianza que le asesore en su trabajo y con sus actos podrá poner "fin a la vía administrativa a efectos de su posible impugnación ante los tribunales".
Violencia doméstica
El borrador del anteproyecto de ley, que establece sanciones de hasta 45.000 euros por incumplir sus preceptos, sienta las bases para propiciar que la igualdad se extienda a todos los ámbitos: desde el político al familiar, el administrativo, el educativo, el de los medios de comunicación, el empleo, o la salud. Pero hace especial hincapié en uno de los problemas que más preocupa en la actualidad, el de la violencia doméstica. [Ayer mismo, agentes de la Ertzaintza detuvieron en Getxo a R. S. P., de 36 años y vecino de esta localidad, por quebrantar una orden judicial que le impedía acercarse a su compañera sentimental y posteriormente agredirla ante cuatro menores].
Se pretende que estos episodios no ocurran o, al menos, si no pueden evitarse, que la Administración ofrezca el mayor amparo posible a la víctima. Para ello el borrador regula, entre otras medidas de apoyo, la asistencia letrada gratuita, inmediata e integral en los procesos civiles y penales a las víctimas de malos tratos, que podrán además optar a la renta básica aunque su manutención esté cubierta en los pisos de acogida. Se obliga a los servicios sociales a tener una partida presupuestaria de urgencia para hacer frente a las necesidades básicas de supervivencia de las mujeres maltratadas mientras se tramitan el resto de prestaciones económicas y también se establece la discriminación positiva en otros dos ámbitos para favorecer su reinserción social. "Las Administraciones públicas vascas competentes", reza el texto, "darán un trato preferente en la adjudicación de viviendas financiadas con fondos públicos a las personas que hayan tenido que abandonar sus hogares como consecuencia de sufrir el maltrato doméstico". Este trato de favor también opera para el acceso a cursos de formación que faciliten la reinserción laboral de las víctimas.
Para elaborar este borrador del anteproyecto, Emakunde ha realizado un análisis de la normativa internacional y de leyes que pudieran verse afectadas. Después consultó la primera versión con "la sociedad civil"y recibió unas 300 propuestas, de las que dice haber estimado el 52%. El resultado es un texto con espacios abiertos a la polémica. Señala, por ejemplo: "No se podrá conceder ninguna subvención a actividades culturales, incluidas las festivas, (...) que sean discriminatorias por razón de sexo", un precepto que no va a sentar muy bien a los defensores de los alardes tradicionales de Irún y Hondarribia. También estipula que en caso de existir igualdad de capacitación profesional, "se dará prioridad a las mujeres en aquellos niveles en los que" su representación "sea inferior al 40%".
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