Comisión de claridad
¿Hay que crear una comisión parlamentaria de investigación sobre el 11-M, como ayer propuso Izquierda Unida con el apoyo de ERC y el Grupo Mixto? Sea mediante esa fórmula o cualquier otra, los ciudadanos necesitan explicaciones solventes en torno al mayor atentado ocurrido en España. La información publicada hasta ahora es demasiado fragmentaria, y en ocasiones contradictoria, como para atenuar una lógica sensación de vulnerabilidad. Es sabido que las investigaciones judiciales en curso exigen tiempo y sobre ellas recae el secreto judicial, pero la gente tiene derecho a saber como condición básica para recuperar seguridad. Que ello se haga bajo un formato u otro, es secundario. Lo importante es que se canalice hacia las instituciones un debate que amenaza con provocar un desbordamiento que sólo beneficiaría a quienes idearon los atentados. El intercambio de juicios (y prejuicios) entre el ministro Alonso y el ex ministro Acebes es un adelanto de ese desbordamiento.
Ambos fueron imprudentes, y la prueba es que han dado pie para que se desparramen, junto a hipótesis exageradas, pero no absurdas, otras claramente descabelladas. El propio Aznar escribe en el libro de memorias que presentó ayer: "Quizá los propios éxitos conseguidos en la lucha contra ETA nos han llevado a bajar la guardia ante la amenaza fundamentalista". De momento parece evidente que, al igual que en Estados Unidos en vísperas del 11-S, el peligro fue subestimado. Ello ya bastaría para abrir una investigación. No necesariamente una comisión parlamentaria que dilucida eventuales responsabilidades políticas, pero tampoco una mera encuesta interna, de orden técnico: el mayor atentado de nuestra historia, con 191 muertos y 1.500 heridos, requiere un balance público de los motivos por los que algo así no pudo ser evitado. Las responsabilidades políticas que pudiera haber en relación al 11-M fueron zanjadas en las urnas, según el criterio que aquí fue asumido en su momento por las principales fuerzas parlamentarias. Pero el Reglamento del Congreso contempla la posibilidad de constituir otro tipo de comisiones no permanentes (artículo 53). Las ha habido sobre asuntos como la violencia machista o la seguridad vial.
El problema es que en el caso de los atentados podría haber problemas de seguridad; por ejemplo, en torno a una de las cuestiones más necesitadas de esclarecimiento: el papel de los dos detenidos que vendieron los explosivos a los terroristas y de los que se ha reconocido que eran confidentes policiales. En vista de esto, el PSOE, que se había comprometido a no oponerse a una comisión de investigación si la proponía algún grupo, trataba ayer de reconducir la propuesta hacia la comisión de secretos oficiales del Congreso.
El PP dijo de entrada que era el más interesado en que se investigase para que se supiera lo que pasó "realmente" entre el 11 y el 14 de marzo, pero luego ha precisado que no sería posible una investigación en paralelo a la judicial. Sin embargo, una cosa es investigar la acción terrorista como tal y otra los motivos de que se subestimara la posibilidad de que algo así pudiera ocurrir. Sobre esto no debería ser imposible un dictamen compartido; pues no se trata de culpar a nadie -los culpables fueron los terroristas y no hay motivo para pensar otra cosa-, sino de aclarar qué habría que corregir para definir una estrategia compartida frente al desafío del nuevo terrorismo.
