10.000 policías vigilarán el enlace real, para el que se cerrará el espacio aéreo de Madrid

La operación de seguridad diseñada para proteger la boda del príncipe de Asturias y Letizia Ortiz, que se celebrará el 22 de mayo en Madrid, ya está prácticamente cerrada, a falta de decidir el itinerario definitivo que recorrerá la pareja tras el enlace. Más de 10.000 agentes del Cuerpo Nacional de Policía blindarán la ciudad, cuyo espacio aéreo será cerrado durante el enlace y vigilado por aviones F-18. El Ministerio del Interior tiene previsto suspender temporalmente el acuerdo de Schengen y restablecer los controles fronterizos, entre otra serie de medidas.

Aviones F-18 sobrevolarán la capital y se restablecerán los controles fronterizos

El dispositivo de seguridad preparado para la boda real es, según fuentes policiales, "el mayor que se ha montado en España, posiblemente desde la conferencia de paz entre palestinos e israelíes", celebrada en Madrid en 1991. Los preparativos están siendo dirigidos por los encargados de la seguridad de la Casa del Rey junto con el comisario general de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro.

El operativo ya estaba casi listo a finales de febrero, pero fue reforzado a partir de la primera semana de marzo tras la detención, el 29 de febrero, de los presuntos etarras Gorka Vidal Álvaro e Irkus Badillo cuando transportaban hacia Madrid una furgoneta con 536 kilos de explosivo. Éstos declararon ante el juez que habían planeado provocar "un apagón" en la capital durante la celebración, mediante la colocación de cargas explosivas en varias subestaciones eléctricas de la periferia.

Pero todo el plan de seguridad fue revisado de nuevo tras la cadena de atentados del 11 de marzo en Madrid, ante el temor de que algún grupo de fanáticos islámicos pretendiera aprovechar la concentración de casas reales, jefes de Estado y personalidades de todo el mundo para acometer algún tipo de acción y aprovechar la atención de todo el mundo sobre Madrid para multiplicar su efecto y el miedo que provocaría. El suicidio de siete terroristas en Leganés aumentó este temor y obligó a tomar medidas complementarias para evitar la posible acción de un kamikaze.

Ahora, el dispositivo está casi cerrado, ya que sólo falta por decidir el itinerario que recorrerá la comitiva real con motivo del enlace. Se han barajado hasta cuatro recorridos diferentes, aunque fuentes policiales aseguran que ya sólo son dos los caminos entre los que optar. La decisión final será adoptada por la Casa del Rey pero, según las fuentes consultadas, el recorrido se mantendrá en reserva hasta el último momento.

La policía ya ha revisado los inmuebles de ambos recorridos, ha recabado información de todos los residentes en ellos, mantiene vigilancias por la zona y revisa periódicamente las alcantarillas con las brigadas de subsuelo. Los agentes han pedido a los vecinos de la zona la identidad de todos los residentes en las casas, sus respectivos números de carné de identidad (o de tarjeta de residencia, en el caso de los extranjeros) y que les comuniquen cualquier tipo de sospecha.

La policía destacará en Madrid a 10.000 agentes procedentes de toda España y de todas las unidades, desde antidisturbios a miembros de los servicios antiterroristas, pasando por las brigadas de subsuelo, tiradores de élite, expertos en explosivos... Estos agentes se encargarán del blindaje del recorrido, de los escenarios de la boda (Palacio Real, catedral de Santa María la Real de la Almudena y basílica de Nuestra Señora de Atocha) y de la seguridad de los ciudadanos que acudan a curiosear. Los recorridos de los invitados fuera de Madrid serán custodiados por varios miles de guardias civiles.

El Gobierno, además, tiene previsto aplicar la cláusula del acuerdo de Schengen para suspender temporalmente la libre circulación de personas y restablecer los controles fronterizos con Francia y Portugal y se requerirá la documentación a quienes pretendan entrar en España. La última vez que fue suspendido temporalmente este acuerdo fue el 28 de mayo de 2003, con motivo de la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Madrid.

El dispositivo de seguridad incluye el cierre del espacio aéreo de Madrid para evitar cualquier intromisión desde el aire. Eso incluye impedir que los aviones comerciales que despeguen o aterricen del aeropuerto de Barajas puedan incluir la ciudad en sus sobrevuelos o en los rodeos para enfilar pista. Los aires estarán vigilados, además, por aviones F-18, según las fuentes consultadas, que podrían derribar a cualquier aparato que intentara una intromisión.

La potestad de derribar un avión que se considere potencialmente peligroso, en el caso de que se considere susceptible de ser utilizado en un atentado terrorista, corresponde al secretario de Estado de Seguridad, en la actualidad Antonio Camacho. Es lo que se denomina "la autoridad nacional frente a un avión renegade", (renegado, según la terminología de la OTAN). El derribo de un avión, mediante misiles antiaéreos o cazas, sólo podría ordenarse si se llegase a la conclusión de que se está ante un "ataque inminente" de grandes proporciones y no evitable por otros medios, lo que supone una apreciación subjetiva y una decisión de alto contenido político.