El PSOE mantendrá la orientación de su reforma fiscal pese a las críticas internas

El PSOE mantendrá la orientación de la reforma fiscal planteada por la dirección del partido, pese a las críticas recibidas el pasado sábado desde algunas corrientes del partido. No obstante, está dispuesta a recoger algunas de las alternativas esgrimidas en la Ponencia de Economía que se celebró el sábado, como por ejemplo no suprimir las deducciones por vivienda y planes de pensiones que se había contemplado. El partido que dirige José Luis Rodríguez Zapatero, en cualquier caso, no concretará las medidas de su programa fiscal hasta que no esté en el Gobierno y pueda contar con todos los datos.

El 10 de enero, el PSOE presentó su programa económico con un plato fuerte de verdad, una reforma fiscal para abordar a mitad de la legislatura si es que llega a gobernar. Aquel sábado no hubo lugar al debate; pero durante la semana, mientras recibía alabanzas desde grupos empresariales próximos a la derecha, fueron surgiendo críticas, sobre todo desde los sindicatos, grupos de economistas, otros partidos de izquierda y desde corrientes del propio partido. Éstos, aunque aprueban algunos aspectos, consideran que el programa beneficia a las rentas más altas y, sobre todo, que supone una reducción de la recaudación tributaria. Según sus reproches, los menores ingresos generan problemas de suficiencia, es decir, no habrá dinero suficiente para costear los gastos sociales recogidos en otros capítulos del programa electoral.

Este sábado, en la Ponencia de Economía de la Conferencia Política que se clausuró ayer, muchos de los descontentos tuvieron la oportunidad de levantar la voz. Lo hicieron Fernández Marugán, De la Rocha, Barrio de Penagos, Garde, Carmona, Vicens Navarro, entre otros. Quedaron patentes dos cosas. Por un lado, que hay una parte del partido que no está de acuerdo con alguno de los planteamientos de la dirección y, por otro, que, pese a todo, han decidido formar una piña en torno a ella y arroparla para ganar las elecciones.

La rebaja de impuestos que plantea la reforma, cuyo coordinador es Miguel Sebastián (uno de los fichajes estrella de Zapatero), deberá pasar nuevos filtros antes de llegar al programa electoral y, probablemente, se plasmará en un documento "todavía más resumido". Es decir, sin concretar en su mayor parte, pero sin cambiar el espíritu ya conocido. Los ejes son:

- IRPF. El objetivo inicial es simplificar el impuesto "hasta poderlo hacer en una cuartilla", además de recuperar la equidad "para que todos los ciudadanos con igual renta paguen lo mismo", perseguir el fraude fiscal y "mantener la recaudación y la progresividad para, a medio plazo, aumentarla". En ese sentido, propone elevar el mínimo personal y el mínimo exento, de lo que se beneficiarían siete millones de contribuyentes (el 50% del total); reducir el número de tramos (actualmente, cinco) y hacer converger el máximo (hoy 45%) con el Impuesto de Sociedades, que se reducirá al entorno del 30% desde el 35% actual; introducir la progresividad en las plusvalías realizadas de forma que las pequeñas (menos de 6.000 euros) queden exentas, las medias paguen en torno al 15% y las grandes sobre el 30%.

Otro eje era la supresión paulatina de "los dirigismos fiscales", un eufemismo que se refiere a las deducciones (vivienda, planes de pensiones, sociedades...). Muchos de los asistentes se mostraron en desacuerdo con quitarlas para vivienda y planes de pensiones y lo que el PSOE tiene ya claro es que no piensa "tocar esta cuestión", según un dirigente. Con el papel en la mano, suprimir las deducciones supone que la recaudación total es mayor (es decir, la caja sufre menos merma); pero, por el contrario, millones de familias que han adquirido vivienda o de personas que tienen planes de pensiones dejarían de verse compensados en su declaración. Lo que el PSOE quiere es estudiar si estas deducciones son regresivas y si realmente se pueden modificar en el futuro.

- Impuesto de sociedades. Con los mismos objetivos de simplicidad y equidad, persigue acercarlo a la media europea (30%) y, sobre todo, "quitar la maraña de deducciones". A juicio del PSOE, con todas las deducciones se llega a pagar una media del 27% y no del 35%. Además de bajar el tipo, propone eliminar esas deducciones "para que todas las empresas paguen lo que les corresponde" y desincentivar la creación de sociedades patrimoniales que se usan para eludir tributaciones.

- Patrimonio y sucesiones. Están cedidos a las comunidades autónomas. En el primero se eliminaría la tributación a patrimonios medios y bajos, elevando el mínimo exento hasta llegar al 85% y establecer un tipo único. El mínimo exento estaría en función de la edad (a más edad, mayor mínimo). En sucesiones, se suprimiría para patrimonios pequeños y medianos y se elevaría el mínimo exento. Además, se igualaría el tratamiento a las sucesiones extramatrimoniales y a las que no sean de padres a hijos.

- IVA. Reducción del gravamen para productos alimenticios del 7% -entre ellos, el agua- al 4%. Aplicar un tipo mínimo (1%) a la prensa, revistas y libros. Para compensar la merma de ingresos, se propone "alternativamente" elevar los impuestos sobre tabaco y alcohol de alta graduación, con excepción del vino.

- Impuesto ecológico. Elaboración de una ley de bases de Fiscalidad Ecológica con el objetivo de fijar el marco de las figuras tributarias, cuyo desarrollo podrá reservarse a las comunidades autónomas.

- Agencias tributarias. Para gestionar los espacios fiscales, el PSOE propone transformar las Administraciones Tributarias actuales en Agencias Tributarias en las diferentes comunidades, dependiendo de cada una y respetando el principio de coordinación con la Agencia Tributaria del Gobierno central, así como para la gestión de tributos compartidos.

De esta forma, zanja la polémica sobre la supuesta creación de 17 agencias autonómicas con poder propio. Lo que el PSOE plantea no supondría, por tanto, ninguna ruptura brusca con el actual diseño.

El PSOE también se compromete a acabar con el fraude fiscal, algo que los críticos califican como "un acto de fe en el que habrá que creer". La dirección estima que con las propuestas previstas se acabará con él, que en 2003 se elevó a 60.000 millones de euros frente a los 18.000 millones de 1996.