Quien contamina, debe pagar

El inicio de una nueva reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático ha puesto sobre la mesa la credibilidad del liderazgo de la Unión Europa ante este grave problema ambiental. Un reciente informe de la Agencia Europa del Medio Ambiente, hecho público al hilo de la reunión, ha mostrado la preocupante evolución del nivel de emisiones de algunos de los Estados miembros. Los datos del informe hacen temer que la UE no esté en condiciones de cumplir, para el período 2008-2012, su compromiso de reducción del 8% respecto a los niveles de 1990.

Entre las medidas que la Unión Europea ha puesto en marcha recientemente para avanzar en la lucha contra el cambio climático, destaca por su carácter innovador la directiva por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Esta directiva se hace eco de uno de los mecanismos de flexibilidad adoptados en el Protocolo de Kyoto.

El desmarque de Iberdrola respecto a las demás compañías recuerda lo ocurrido hace años en EE UU

La compraventa de derechos de emisión es un instrumento de mercado que goza de una sólida base teórica en la economía ambiental y que ha sido aplicada con éxito en Estados Unidos en las emisiones de dióxido de azufre (lluvia ácida). El principal mérito de este instrumento es que disminuye sustancialmente los costes necesarios para obtener un determinado objetivo ambiental al introducir una gran flexibilidad en el sistema. Su racionalidad económica descansa en la idea de que las empresas más eco-eficientes puedan vender los derechos de emisión no utilizados a las empresas que, por ser menos eficientes, se vean necesitadas de adquirir nuevos permisos de emisiones. Al introducir ese juego de incentivos y desincentivos, favorece la renovación tecnológica de la industria en una dirección ambientalmente positiva.

La directiva de la Unión Europea sobre comercio de emisiones se limita, de momento, a las emisiones de CO2. Abarca los sectores de la economía más energéticamente intensivos: generación de energía, acero, cemento, vidrio, cerámica, papel y cartón. Estos sectores cuentan con unas 4.000 instalaciones en la UE y son causantes del 46% del total de las emisiones de dióxido de carbono. Respecto a los resultados económicos de su aplicación, se espera que los costes económicos europeos del cumplimiento de los objetivos fijados en Kyoto se reduzcan en torno al 20-25%.

Aunque la directiva venía gestándose hacía tiempo en Bruselas, su aprobación ha cogido a buena parte de la industria energética española con el pie cambiado. La industria ha reaccionado con una ofensiva mediática orquestada por la CEOE y dirigida a un doble objetivo. Por un lado, conseguir de Bruselas una aplicación flexible y "comprensiva" de la directiva. Por otro, hacer que sea el Estado, es decir el bolsillo de los contribuyentes, quien asuma el coste de adquisición de los permisos de emisión necesarios una vez entre en vigor la directiva.

El balance de nuestro país en lo referente al cambio climático presenta un fracaso sin paliativos. España es, en la actualidad, el Estado miembro de la UE que ofrece peores resultados respecto a los objetivos fijados por el Protocolo de Kyoto. Las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado un 38% entre 1990 y 2002, cuando el máximo fijado por el protocolo es un 15% para 2008-2012. El informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente arriba mencionado señala que el Estado español puede situarse en el período 2008-2012 un 48% por encima de las emisiones de 1990.

El sector energético español, responsable del 30% del total de las emisiones de dióxido de carbono, se enfrenta a un escenario en el que se va a ver obligado a adquirir un volumen importante de derechos de emisión en los próximos años. Un escenario en el que se va a hacer realidad ese principio ambiental fundamental de la UE que dice que el que contamina, paga. Ante esa situación, la industria de la energía, representada por la CEOE, está desarrollando una fuerte campaña de presión hacia el Gobierno y la opinión pública para evitar pagar por sus emisiones de dióxido de carbono. Argumenta que el Gobierno de España negoció mal, en su día, el acuerdo de Kyoto al conformarse con sólo un 15% de incremento de las emisiones y que, en consecuencia, es el Gobierno quien debe deshacer el entuerto.

El secretario de Estado de Energía, señor Folgado, mostraba recientemente en Barcelona su comprensión hacia las razones de la industria, aportando incluso un tono de épica nacional al asunto: "Nadie nos va a obligar a cumplir los compromisos de Kyoto sobre un cementerio de empresas", dijo. Gobierno, CEOE y la industria de la energía formaban un sólido y poderoso bloque... hasta que llegó Iberdrola y rompió filas. La compañía eléctrica vasca se ha desmarcado de la coalición y, en línea con su fuerte apuesta por aparecer ante la sociedad como una empresa energética verde, ha dicho que los compromisos ambientales de la directiva están ahí para ser cumplidos.

El argumento de la segunda empresa energética del Estado ha sido impecable: "Las eléctricas españolas pueden y deben cumplir con Kyoto y hacerlo con costes y ajustes razonables. Sólo hay que cumplir el Plan Energético Nacional y sustituir con centrales menos contaminantes el excesivo peso de las de carbón en la producción. Ha habido tiempo para adaptarse y en Iberdrola hemos hecho los deberes. Otros no, y ahí está el problema" (EL PAÍS, 20 de noviembre de 2003). Se puede decir más alto, pero no más claro.

El desmarque de Iberdrola recuerda lo ocurrido hace unos años en Estados Unidos. Allí, la Coalición Global del Clima reunió, en su mejor momento, a muchas de las compañías más poderosas del mundo relacionadas con los combustibles fósiles. La coalición se hizo famosa por la financiación de estudios que ponían en cuestión las conclusiones científicas del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Sin embargo, a partir de 1997, empresas líderes mundiales como BP, DuPont, Royal Dutch-Shell, Ford, Daimler-Chrysler, Texaco, General Motors..., se retiraron de una coalición que comenzaba a traspasar los límites del ridículo científico. Los dirigentes de esas empresas habían comprendido que el cambio climático no sólo es uno de los más serios problemas ambientales de nuestros días, sino que es un tema que preocupa a millones de ciudadanos de todo el mundo que son también sus clientes, cuando no sus accionistas.

Ante la nueva directiva sobre comercio de emisiones aprobada por la Unión Europea, los directores de las empresas de la industria de la energía, que nunca creyeron de verdad que eso del cambio climático iba con ellos, deben ahora afrontar las consecuencias económicas de sus decisiones. La primera, pagar por contaminar, como viene exigiendo la doctrina ambiental de la UE desde hace décadas. La segunda, rendir cuentas ante sus accionistas por su falta de visión y de previsiones.

Corren tiempos de incertidumbre en la consolidación de los acuerdos de Kyoto. La UE, principal motor mundial de la lucha contra el cambio climático, debe mantener un firme liderazgo, basado en sólidos principios Las instituciones de la Unión saben que tienen tras de sí una sociedad civil que considera que el cambio climático es una de las amenazas ambientales más graves de nuestros tiempos. Una sociedad civil que considera que el contamina, debe pagar. La Unión Europea se juega su credibilidad ambiental también en el correcto cumplimiento de la Directiva sobre el comercio de emisiones.

Antxon Olabe es consultor ambiental.