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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Juicio justo a Sadam

Sadam Husein debe tener un juicio justo, con todas las garantías y que excluya la pena de muerte, con independencia de la magnitud del horror de sus crímenes. Conseguirlo es vital para dotar al nuevo Irak reconstruido del Estado de derecho que nunca ha tenido. También es aconsejable la internacionalización del proceso, dado que hay otros países directamente afectados -Irán, Kuwait e Israel- por los delitos cometidos por Sadam y su régimen. Pero EE UU no es partidario de crear un tribunal especial, como hizo la ONU para la antigua Yugoslavia o Ruanda. Hay una segunda opción en tal caso, que es someter al ex dictador a un proceso en Irak, constituido a partir de una resolución del Consejo del Seguridad y con apoyo técnico de otros países.

Irak carece de una estructura creíble de justicia, es decir, no tiene jueces, fiscales y defensores preparados. El Tribunal Especial ya creado para juzgar a los jerarcas del régimen detenidos por las fuerzas ocupantes no cuenta con las garantías suficientes, pese a prever la incorporación de jueces no iraquíes. La Autoridad Provisional de la coalición suspendió la pena de muerte en Irak, pero no la ha abrogado. Por ello, los británicos, potencia coocupante con EE UU, han rechazado participar en ningún proceso que pudiera llevar a una ejecución, porque contravendría su derecho interno y sus obligaciones internacionales.

Éste puede ser un tema crucial. Incluso Bush, partidario de la pena capital, que firmó numerosas ejecuciones como gobernador de Tejas, estuvo ayer evasivo y dejó la decisión final en manos de los iraquíes, como si no se tratara de un país ocupado. Si el proceso no debe demorarse en exceso, tampoco urge. Un momento adecuado para un tribunal iraquí sería cuando se haya producido, el próximo verano, el primer paso en la devolución de su soberanía a los iraquíes. De momento, Sadam debe ser tratado como un prisionero de guerra, pues está en manos de las potencias ocupantes. Ello implica que se respeten ciertos derechos. La convención de Ginebra y sus protocolos no le hacen inmune a ser juzgado, pero obligan a protegerlo de la "curiosidad pública", norma que EE UU ha incumplido al exhibir imágenes de su reconocimiento médico.

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Es difícil saber qué es lo que está realmente contando Sadam a sus captores. En todo caso, el juicio puede resultar embarazoso para Francia, Alemania y EE UU -Rumsfeld viajó a Bagdad en 1983, en calidad de emisario especial del presidente Reagan-, que armaron al régimen de Sadam y le empujaron contra el Irán de Jomeini. El juicio del ex dictador y sus colaboradores debería servir, ante todo, para dar satisfacción a las víctimas, que se cuentan por decenas o centenares de miles. Pero debe servir también para arrojar luz sobre todo este pasado, como lección para el futuro, en vez de tapar las vergüenzas geopolíticas. Como ha señalado Kofi Annan, opuesto a la pena de muerte, la captura de Sadam Husein tiene un valor simbólico. Pero un juicio justo podría convertirse ya no en un símbolo, sino en un precedente para Irak y para el conjunto de la región.

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