1.262 profesores de instituto critican la aplicación de la Ley de Calidad

Un total de 1.262 profesores de 29 institutos públicos de las comarcas del Bages, el Berguedà y Osona han elaborado un manifiesto muy crítico con la aplicación de la Ley de Calidad (LOCE) en el que muestran su preocupación por "la situación de incertidumbre y desconcierto que vive en estos momentos el mundo educativo". En el manifiesto se pide que la escuela concertada sea subsidiaria de la red pública.

El manifiesto fue hecho público ayer en el Instituto Lluís de Peguera, de Manresa, por la junta de directores de los 29 centros de esta zona de la Cataluña central.

Entre otras cosas, los profesores reclaman que se recorten las horas previstas como lectivas para los alumnos de secundaria, que los centros concertados sean subsidiarios de la red pública de enseñanza y que no se les obligue a introducir en el currículo escolar la asignatura de religión.

Los docentes muestran su rechazo a la "creciente jerarquización" que la LOCE se propone introducir en el sistema educativo, porque con ello "se limita la participación de algunos sectores del profesorado en la gestión del centro y se dejan sin contenido de decisión órganos colegiados como el claustro de profesores o los consejos escolares".

Según Ramon Ferrer, presidente de la Junta de Directores del Bages, el Berguedà y Osona, con la reforma impulsada por la ministra Pilar del Castillo e introducida por la consejera de Enseñanza, Carme-Laura Gil, "se limita la autonomía de los centros y se convierte al director en un gestor que representa únicamente a la administración educativa".

La previsión de 30 horas semanales de escolarización para los primeros cursos de la ESO les parece totalmente exagerada a los profesores firmantes del manifiesto porque entienden -en palabras de Ferrer- que "el salto en los alumnos que pasan de primaria a secundaria es demasiado grande, ya que pasan de 22 horas y media a 30 horas lectivas".

No a la religión obligatoria

Los profesores de estas tres comarcas tampoco aceptan la creació de una nueva "area obligatoria de religión". Según explicó Ferrer, no se oponen a que se imparta la asignatura de religión, "siempre que sea materia opcional y no obligatoria".

El manifiesto es claro en lo que respecta a las subvenciones al sector privado a través de los conciertos escolares. "Somos contrarios al establecimiento del concierto económico con las escuelas privadas que no cumplan la función social que establece la ley", dijo Ferrer. "Las escuelas privadas concertadas deberían tener exactamente los mismos derechos y obligaciones que las escuelas de la red pública", añadió.

En el manifiesto se reclaman asimismo más recursos para atender a los alumnos de nueva incorporación e igualdad de medios para que la enseñanza pueda tener la misma calidad con independencia de las dimensiones de los centros. Los profesores se muestran partidarios de que en el próximo decreto de derecho y deberes de los alumnos predomine "una visión más educativa y pedagógica, y no una visión judicialista y de gran complejidad administrativa". Las decisiones finales sobre la corrección de conductas graves, dijo Ferrer, "se deben tomar en el marco del Consejo Escolar".

El documento, que se elaboró hace dos meses pero no se ha hecho público hasta ahora para no interferir en el proceso electoral, será entregado a las juntas territoriales de Enseñanza.