Defensa descubrió en 2002 sobreprecios en sus compras de contenedores y siguió pagándolos

El Ministerio de Defensa anuló en octubre de 2002 un concurso de contenedores para transportar mercancías o alojar personal (shelters) por considerar excesivos sus precios. Sin embargo, tras esa orden siguió pagando precios incluso superiores a los anulados. La beneficiaria siempre ha sido SPA (Servicios y Proyectos Avanzados), que suma 144 contratos de Defensa desde 1995 por un monto de 123 millones de euros, en su mayoría negociados y sin publicidad. SPA puja ahora por los 183 millones de la modernización del Transporte Oruga Acorazado (TOA), concurso cuestionado por la oposición.

El 3 de julio de 2002, la dirección general de Armamento y Material de Defensa convocó un concurso para la elección de un modelo de shelter homologado que debía mantenerse siete años. La empresa ganadora vendería a Defensa todos los shelter durante dicho plazo. El concurso fijaba los precios: Shelter básico Nato II (73.000 euros); shelter básico S-250/E con protección para ataques nucleares, bacteriológicos o químicos (70.500); shelter básico S-250/E (67.000); shelter básico S-788 (62.000); y remolques grupo electrógeno de 8 kilovatios (20.000) y 15 kilovatios (25.000).

El concurso debía fallarse el 15 de octubre de 2002. Sin embargo, once días antes, el 4 de octubre, Defensa lo anuló. Y lo hizo con argumentos tan inusuales como contundentes: "Habiéndose detectado importantes diferencias entre lo que parecen ser precios de mercado y los datos que obraban en esta Administración y que sirvieron para fijar los precios límite que figuran en el expediente, lo que de continuar con la tramitación del mismo originaría una situación desfavorable para los intereses públicos de la Administración, resulta obligada la aplicación del artículo 105 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que en su virtud se acuerda revocar la resolución del órgano de contratación".

Según empresarios del sector, todos los precios ofertados por Defensa en el concurso anulado presentaban un alto porcentaje de incremento sobre su coste real de mercado: shelter Nato II (del 38% a 48%); shelter S-250 E (del 35% a 46%); shelter S-788 (38,7% a 52%), y los grupos electrógenos (8,4% a 25,1%).

La fulminante orden de Defensa no indicaba por qué el ministerio fijaba precios en el concurso tan por encima de mercado. Pero hay una aparente explicación que sale del mero cotejo del BOE: eran los precios que Defensa venía pagando por ese material, contrato tras contrato. Por ejemplo, ya en septiembre de 2001, Defensa adquirió dos shelter Nato II a un precio por unidad de 75.847 euros a la firma SPA. Es decir, 2.847 euros más caros de lo que dos años más tarde consideraría un precio desorbitado.

El 20 de septiembre de 2002, Defensa compraba a SPA seis shelter Nato II y cuatro remolques electrógenos por un monto total de 555.134 euros. Este coste superaba también los precios máximos por unidad que Defensa declararía excesivos apenas unos días después.

Pero más sorprendente es queDefensa, tras descubrir los sobreprecios, siguió pagándolos. El 8 de agosto de 2003, Defensa adquiría dos shelter Nato II por un importe unitario de 79.700 euros SPA. Es decir, 6.700 euros más caro de lo que denunció un año antes como precio desorbitado.

No sólo chirría el cotejo del precio pagado por Defensa y el precio anulado en materia de compra de shelters. También saltan chispas al analizar los precios pagados por los grupos electrógenos. El 2 de julio de 2002, Defensa compraba seis grupos electrógenos de 12 kilovatios a un precio por unidad de 28.802 euros. Superaba con creces todos los precios que poco tiempo después denunciaría el ministerio.

Defensa, tras detectar en octubre de 2002 el sobreprecio en tarifas que afectaban a productos adquiridos previamente a SPA como los shelter o los grupos electrógenos, ha otorgado a esta compañía 24 contratos más, varios de ellos sobre shelters, y en su mayoría por procedimiento negociado sin publicidad.

Desde 1995, esta firma ha logrado 144 contratos del Ministerio de Defensa -adjudicados raramente mediante concursos abiertos-, y por un monto de 123 millones de euros.

SPA, la firma beneficiada por estos sobreprecios, es una de las que pujan ahora por el macrocontrato de modernización de los Transportes Oruga Acorazados (TOA), que supondrá un monto de 183 millones de euros, y cuya tramitación ha sido denunciada por diferentes razones por IU y PSOE: tramitación por "injustificada urgencia" y por procedimiento restringido, precios considerados muy por encima de mercado, más la insólita exclusión del blindaje en su remozado que impediría su uso en zonas de conflicto.