Seguridad soberana
El plan de Ibarretxe cuenta con una Seguridad Pública soberana. Así se establece en el texto articulado de la nueva Propuesta presentada, en el artículo 52 principalmente, pero conectado con el 30 y otros al caso, que configuran un proyecto de cambio político radical. La Comunidad de Euskadi prevista por los nacionalistas (y colegas) ejercerá las políticas de seguridad con suprema autoridad en su territorio y con independencia en su acción. Es decir, que, como el resto de la Propuesta, se vienen a poner nombres y conceptos diferentes a los mismos contenidos de la autodeterminación.
La configuración de los Estados modernos ha tenido uno de sus pilares fundamentales en la seguridad. Incluso se le llegó a poner imagen a la columna representativa y se dijo que era de estilo dórico. Sencillez y sobriedad para una institución impregnada de rectitud. Luego la realidad es más compleja y en la citada Propuesta se incluyen volutas más propias del arte jónico. Está claro en el texto que las "Políticas de Seguridad Pública" serían exclusivas de la proyectada Comunidad de Euskadi, con el añadido de un "régimen específico" para competencias menores que quedan para el Estado (nunca nombra el texto la palabra España) y para funciones de coordinación.
Se olvida el mandato de cualquier policía moderna para salvaguardar los derechos y libertades fundamentales
Según la propuesta, las "Políticas de Seguridad Pública" serían exclusivas de la proyectada Comunidad de Euskadi
Aun en estos aspectos de relación entre las instituciones vascas y las estatales, la capacidad decisoria queda en manos vascas. Si surgiera alguna discrepancia entre las policías concernidas y la Junta de Seguridad prevista no alcanzase un acuerdo al respecto, intervendría el capítulo de "Garantías del Autogobierno" (artículo 14 y siguientes), con marcado predominio fáctico de la parte vasca. Es un sistema que aporta una capacidad real de "veto" por parte de la Comunidad de Euskadi, que redunda en un ejercicio de poder público soberano. Este aspecto es especialmente significativo ante asuntos delictivos que "afecten tanto a la Comunidad de Euskadi como al Estado", como es el terrorismo, donde formalmente hay acuerdos pero son evidentes las discrepancias, que podrían aumentar en un futuro cercano.
Esa independencia operativa real para la "Policía Vasca o Ertzaintza" se refuerza con dos apoyos fundamentales. Es la única organización a la que la Propuesta reconoce capacidad como Policía Judicial en el Poder Judicial Vasco (artículo 30). Así como la Ertzaintza contaría con representación directa en los órganos correspondientes de la Unión Europea (Schengen, Europol, etc.), en aplicación del artículo 65 de la Propuesta, por cuanto señala "la participación activa del Gobierno Vasco (...) en aquellos asuntos que afecten a sus competencias". Incluso podría intentarse la asistencia a Interpol, pero más importante es la capacidad de veto de la Comunidad de Euskadi a los tratados y convenios internacionales, recogido en el artículo 68 de la Propuesta. En cuanto esos acuerdos supongan una "alteración o restricción de las competencias" vascas, "exigirá la autorización previa de las Instituciones Comunes Vascas" (Parlamento vasco, Gobierno vasco, lehendakari y Poder Judicial Vasco). Así que la euroorden o eurojust, entre otros, podrían ser excluidos de la ínsula vasca.
Ciertamente la Propuesta es un entramado bien organizado para la autodeterminación vasca. Atiende más esos aspectos de poder político que los contenidos en sí. De hecho, la definición de las Políticas de Seguridad es de una pobreza o limitación alarmante. Queda recogido en su artículo 52.1 que sus competencias serán "la protección de las personas y bienes, todas las funciones gubernativas y de seguridad que establezcan las Leyes, así como el régimen de su propia policía o Ertzaintza". Una exposición que olvida el mandato de cualquier policía moderna para salvaguardar los derechos y libertades fundamentales, o la asistencia cívica a la ciudadanía, tal y como recoge en los "Objetivos de la Policía", el Código europeo de Ética de la Policía, aprobado por el Consejo de Europa el 19 de septiembre de 2001. Tampoco menciona la relación (o subordinación) de las políticas de seguridad a las políticas sociales, reflejado en el artículo 4 de la Ley de Policía del País Vasco, de 1992, que duerme el sueño de los justos, en incumplimiento del Gobierno vasco. Para no hablar (por ahora) de la exclusividad de la Ertzaintza, como única Policía Vasca, que significa la defunción de miñones, mikeletes y forales (¿contrafuero?) y es un agravio evidente hacia las Policías Locales. En realidad se trata de la muestra palpable de una centralización vasca del poder político. Escasa mención a las diputaciones forales, menos todavía a las municipalidades y preponderancia de Parlamento y Gobierno vascos, cada vez más difíciles de distinguir entre sí ¿Esto nos suena, no?
Ante este armazón es muy difícil sugerir modificaciones, tal y como invitan desde el tripartito del Gobierno vasco. La articulación de la Seguridad Pública en un avance o mayor poder estatutario es viable, pero no desde el tronco soberanista representado por la Propuesta de Ibarretxe. Claro que, si cambiamos la historia foralista y municipalista, como ha hecho el PNV, o contradecimos literalmente los fundamentos ideológicos y el programa electoral, como ha realizado Ezker Batua, cualquier cosa es posible. Nos queda la vía de la coherencia en la búsqueda de una convivencia real, compartida y sin exclusiones, para cuya concreción la Seguridad Pública es un valor instrumental importante.
Teo Santos es ertzaina
