El Poder Judicial denuncia que los jueces de vigilancia penitenciaria están saturados

Los presos de Madrid, los casi 7.000 que albergan las nueve prisiones de la Comunidad, tardan mucho más tiempo que los del resto de España en ser atendidos por los jueces de vigilancia. Ello se debe a la descomunal carga de trabajo que soportan los tres magistrados que velan por sus derechos. Un informe del Consejo General del Poder Judicial concluye que los tres juzgados de vigilancia de Madrid "soportan una carga de trabajo excesiva" y "sobrepasan en gran medida los estándares adecuados en cuanto a módulos de entrada [de asuntos] y dedicación".

Lo recomendable es que cada juzgado tenga a su cargo unos 1.000 internos, pero en Madrid cada juzgado tiene adscrita una media de 2.300 presos, casi un 130% más del módulo máximo. El informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, considera "imprescindible" nombrar un juez de apoyo para estos juzgados. La carga de trabajo que soportan estos jueces es la causa de que los recursos de los internos tarden meses en ser resueltos.

Estos juzgados están situados en la plaza de Castilla, aunque es previsible que sean reubicados ahora en otro edificio judicial que la Comunidad posee en la calle de Fernández de la Hoz. Este traslado contribuirá a diseminar aún más la justicia madrileña, que ya dispone de 17 sedes distintas y separadas.

Casi el doble que Barcelona

El informe del Consejo desglosa la situación de cada uno de los tres juzgados de vigilancia. El número 1 registró el año pasado un total de 12.653 asuntos, frente a los 9.360 del año 2000, lo que significa un incremento acumulado de asuntos del 35% comparando ambos periodos. El número 2 se mantiene estable: En 2000 recibió 9.900 asuntos, y en 2002, un total de 9.111, mientras que el número 3 ha pasado de los 9.542 de 2000 a los 13.272 del año pasado.

En Barcelona también hay tres juzgados de vigilancia, pero la carga de trabajo de éstos no llega ni a la mitad que los de Madrid. "Los tres juzgados de Madrid presentan un ingreso de asuntos superior al de todos los juzgados tomados como referentes y a la media nacional; y su capacidad de resolver, pese a la elevada carga de trabajo, es igual o superior a la media nacional", se explica en el informe del Consejo. Éste revela un dato espectacular: si cada juzgado tiene que tener adscritos no más de 1.000 internos, en los últimos tres años "el juzgado número 1 ha superado el módulo fijado, en cifras medias para el trienio, en un 782%; el número 2, en un 372%, y el número 3, en un 708%". Estos datos se refieren al total de internos ingresados en las cárceles a lo largo del año. Si bien, atendiendo la media de internos en las cárceles a lo largo de un año, 6.804 presos en 2002, el resultado es que los jueces de vigilancia han asumido un 127% de exceso de internos sobre el módulo.

Además de esta gran carga de trabajo, los jueces de vigilancia se encuentran con deficiencias en sus respectivas oficinas judiciales. Hay pocos funcionarios y los que hay "tienen que ocuparse anualmente de una media de 1.460 expedientes de presos, lo que semanalmente supone 33 asuntos, en cinco días laborables a la semana", según el informe.

"El programa informático que están utilizando los juzgados de vigilancia, llamado Libra, es deficiente para la gestión de su actividad, sin posibilidad de controlar a los internos informáticamente, ni de tramitar los expedientes, ni de efectuar consultas. Los documentos se hacen en formato word, lo que implica falta de control de los expedientes". Por todo ello, el Consejo entiende que son precisos más juzgados de vigilancia y que, mientras éstos se crean, se adopten medidas de apoyo, un magistrado sustituto, y que se refuerce la oficina judicial con funcionarios interinos.

Preguntado al respecto, el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, afirma: "Resulta urgente la creación de un juzgado de apoyo para poder asumir la carga de trabajo que soportan los juzgados actuales. Además", continúa, "hay que mejorar la infraestructura y potenciar el uso de la videoconferencia entre los juzgados y las cárceles. Ahora, sólo existe la posibilidad de efectuar videoconferencias con la prisión de Soto del Real, pero no con las otras", apostilla. Según González Armengol, es positivo facilitar las videoconferencias porque ello evita traslados de presos, disminuye posibles fugas y reducen costes económicos". No existen videconferencias con el resto de las cárceles porque, entre otras cosas, y según resaltan fuentes jurídicas, existen discrepancias entre las administraciones sobre cuál de ellas debe sufragar el coste de la línea.